La juez de Badajoz Beatriz Biedma, que se encargó de investigar a David Sánchez , el hermano del presidente del Gobierno, ha pedido al magistrado que instruye el caso Leire que le acepte como acusación particular al considerarse una víctima de las presuntas cloacas socialistas, que buscaron «presionarla, desacreditarla» e incluso «comprometer su seguridad personal».El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido este mismo miércoles a la Fiscalía que emita un informe sobre la solicitud de personación de Biedma, cuyo abogado ha solicitado ejercer como acusación al entender que los hechos que se investigan le han ocasionado «un perjuicio personal y profesional así como institucional de extrema gravedad». El letrado de Biedma afirma en su escrito, al que ha accedido ABC, que ese perjuicio viene «derivado de las actuaciones de seguimiento, recopilación de información, campañas de descrédito, denuncias, recusaciones, difusión pública de acusaciones y actuaciones dirigidas a erosionar su prestigio profesional, tranquilidad personal e integridad moral».Pero no solo eso. Su abogado también apunta a supuestos contactos de las cloacas con «personas vinculadas a un conocido clan» de narcotráfico «asentado en Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada». Su letrado pone el foco en una anotación en una agenda de Leire Díez en la que puede leerse: ‘Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano’. «Constituiría, por tanto, una última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento, tratándose de actos muy graves que pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física . Según la publicación, esta anotación estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico», explica. Y es que, «aunque el concreto alcance de tales contactos y su finalidad real deberán ser objeto de la correspondiente investigación judicial, la gravedad de este extremo resulta evidente» para su abogado. «Especialmente si se confirmara que tales aproximaciones guardaban relación con la obtención de información, la generación de hostilidad frente a la compareciente o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales», anuda.Obtención de datos personales de su familiaEn lo relativo al daño institucional que supuso la actividad de las cloacas en su contra, su representación asegura que se encuentran «comprometidos valores esenciales para el Estado de derecho como el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, la independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales, toda vez que las actuaciones descritas aparecen objetivamente orientadas a apartar a la magistrada instructora y a afectar al normal desarrollo de un procedimiento judicial concreto». En el escrito, también se apunta a la «actividad específica de obtención y recopilación de información relativa a la magistrada, su entorno personal, familiar y profesional, así como una intensa campaña de descrédito desarrollada mediante denuncias, publicaciones y actuaciones difundidas en medios digitales, redes sociales». Por último, el abogado de la magistrada deja claro que el hecho de que «la circunstancia de que la maniobra desplegada no alcanzara el efecto pretendido o de que el procedimiento continuara su curso con normalidad no excluye la tipicidad de la conducta ni debilita, por sí misma, la concurrencia de los elementos del delito». Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó en el ordenador del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, incautado en la sede del PSOE en la calle Ferraz, un documento elaborado por la presunta fontanera del partido, Leire Díez, que incluía un listado con algunos de los supuestos objetivos de la trama, entre los que se incluía la propia Biedma.
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