La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este lunes dar cumplimiento a la orden dictada por el Tribunal Supremo en el auto en el que suspendió las altas censales derivadas de la ley de nietos. En una reunión de urgencia, este órgano ha encargado informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para verifiquen la vinculación con el exilio de las personas que se han acogido a la nacionalización que les permitirá votar en los próximos comicios. Sobre la mesa, dos grupos de beneficiados: los que han conseguido la nacionalidad o pretenden hacerlo conforme a los criterios establecidos en la disposición octava de la ley de Memoria Democrática (esa disposición es la que se conoce como ley de nietos) y los que lo han hecho o quieren hacerlo en virtud de la instrucción de Justicia de 2022 que amplió los criterios de esa ley para que pudieran acogerse a ella el descendiente del exiliado por cualquier motivo y no solo por «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual» y que «hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad». En el acuerdo al que ha tenido acceso ABC, la Junta se ciñe a la parte dispositiva del auto del Supremo, y, tras requerir a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares para que ordene que los Encargados de los Registros Consulares expidan la correspondiente certificación acreditativa de los nacionalizados, ordena a la Oficina del Censo Electoral que «proceda al desglose ordenado » por el auto del Supremo diferenciando a los que cumplen los requisitos de la ley de nietos de los de la instrucción de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes). De los efectos electorales derivados de esta instrucción es de lo que duda la Sala Tercera del Supremo hasta el punto de asegurar que seguir adelante con las altas censales supone «un peligro serio y real» para la transparencia de las elecciones. En el último punto de su acuerdo, la JEC informa de que en los próximos días estudiará el informe complementario de la Oficina del Censo Electoral, a la que ya emplazó el pasado julio para que le informase de la aplicación de la norma que rige para la actualización del censo, especialmente sobre el hecho de si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan la inscripción en un municipio distinto del de su última residencia en España. Además la JEC volverá a reunirse el jueves 24 tras estudiar el texto de la Instrucción que el Supremo le ha ordenado dirigir a las oficinas consulares para determinar cómo tiene que asignarse cada elector a una circunscripción concreta.
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