Las bonificaciones fiscales a los propietarios centran la negociación entre el PSOE, Junts y Sumar

La situación generada por el desahucio de Maricarmen ha generado un nuevo terremoto político con el PSOE y sus socios parlamentarios, a izquierda y derecha, obligados a mover ficha para no perder el relato. El caso de esta madrileña, a la que una decisión judicial dejó sin la casa en la que vivía de alquiler desde hacía 70 años, ha provocado que los dos partidos que forman parte del Gobierno se acusen entre sí por la falta de medidas que den más protección en materia de vivienda. El PSOE, forzado por Sumar, Podemos y el resto de fuerzas de izquierdas, se ha visto obligado a ceder ante Junts y a rescatar la propuesta de real decreto que le hicieron llegar «en mano» a Pedro Sánchez a principios de mes y que entonces desoyeron. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha puesto al frente de esta negociación frenética.En este texto, y ante las dificultades crecientes para acceder y mantener una vivienda, Junts plantea un conjunto de medidas destinadas a proteger a las familias, facilitar el acceso a la vivienda habitual y actuar sobre determinados operadores con una especial capacidad de incidencia en el mercado residencial. Siempre, eso sí, a cambio de importantes medidas fiscales que permitan a la formación separatista celebrar como un triunfo su nuevo cortejo con los socialistas. El documento, al que ha tenido acceso ABC, recoge ocho propuestas que abarcan desde la suspensión temporal de determinados desahucios hasta medidas fiscales y de protección para deudores hipotecarios y personas mayores.Una de las propuestas más sorprendentes, especialmente por proceder de Junts, es la de limitar temporalmente la adquisición de viviendas por parte de grandes operadores financieros e inmobiliarios. La medida afectaría a entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión, entidades de gestión de activos, fondos de capital riesgo y fondos de titulización de activos. No obstante, se establece una excepción para las adquisiciones cuyo objetivo sea destinar las viviendas al alquiler asequible. La propuesta tendría una duración temporal y debería ser evaluada una vez transcurridos dos años de vigencia. Con este punto los de Míriam Nogueras buscan que Sumar y Podemos, los más alejados de los neoconvergentes, se sientan cómodos con el texto. Junts también propone la suspensión de los desahucios de hogares instados por esos mismos grandes operadores financieros e inmobiliarios. La suspensión se limitaría a los contratos de alquiler destinados a vivienda habitual y permanente y, además, únicamente se aplicaría a los procedimientos de desahucio derivados del impago de la renta. Por tanto, no se plantea como una suspensión general de todos los desahucios, sino como una actuación específicamente dirigida a determinados grandes operadores y a situaciones de impago del alquiler. El propio documento subraya su carácter excepcional y temporal.Las siguientes medidas, que son mayoritarias, se centran principalmente en reducir los costes relacionados con la vivienda. Son también las más ideológicas para Junts. El tercer punto propone una deducción en el IRPF por las cantidades que las familias destinan al alquiler de su vivienda habitual y el cuarto punto plantea una deducción fiscal relacionada con la adquisición de la vivienda habitual y con las cantidades destinadas al pago de los préstamos hipotecarios vinculados a dicha adquisición. También establece medidas destinadas a fomentar el ahorro y plantea reducir el IVA aplicable a la vivienda.El séptimo punto se ocupa de la protección de los deudores hipotecarios ante la venta de sus créditos a fondos de inversión u otros operadores especializados en la adquisición de deuda. La propuesta plantea incorporar un nuevo artículo 1535 bis al Código Civil para proteger especialmente a quienes tienen una hipoteca sobre su vivienda habitual. El documento señala que una entidad financiera puede vender un crédito hipotecario a un tercero por un importe inferior al de la deuda pendiente, sin que actualmente el deudor pueda beneficiarse de las condiciones económicas de esa transmisión. Ante esta situación, se propone reconocer al deudor el derecho a extinguir su deuda pagando el mismo importe por el que el crédito haya sido vendido o cedido, además de los intereses y gastos correspondientes.Los independentistas catalanes exigen también una mayor protección de las personas mayores que tienen que abandonar su vivienda habitual. Esta propuesta merece una atención especial porque aborda una situación vinculada no solamente a la vivienda, sino también al envejecimiento, la dependencia y las necesidades de cuidados. El objetivo es garantizar que las personas mayores que tengan que dejar su vivienda habitual para ingresar en una residencia o centro asistencial, o para trasladarse al domicilio de un familiar, no pierdan por ese motivo los beneficios fiscales asociados a la consideración de vivienda habitual, es decir, que hacerse mayor no suponga una penalización fiscal en el momento de vender la vivienda.Sumar se abre a tragar con JuntsA finales de abril, a falta de 24 horas para que el decreto fuera votado y rechazado en el Congreso por Junts, PP y Vox, un Sumar a la desesperada dijo ya estar dispuesto a tragar con las condiciones de los neoconvergentes para convalidar la congelación y prórroga de los alquileres que incluye la norma. Entonces, los del prófugo Puigdemont pusieron encima de la mesa, de acuerdo a la versión del socio minoritario del Ejecutivo, dos condiciones con las que los de Yolanda Díaz estaban y están ahora dispuestos a tragar: la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos y las bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por la medida. «Las bonificaciones no son nuestro modelo, pero estamos dispuestos a transitarlas», dijo el ministro Urtasun entonces. El mismo que este viernes recordaba en declaraciones a la Cadena Ser que Sumar (que se refundará de cara a las generales de 2027 bajo la marca Frente Amplio) ha aceptado «desde el principio» el debate de las rebajas fiscales, brindando nuevamente su «mano tendida» a Junts, según informa Patricia Romero .