El año que está a punto de acabar ha sido bueno para el colectivo de empleadas del hogar, acostumbradas a pasar del empleo al paro y viceversa en los últimos siete ejercicios, en los que el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) no ha remado a favor de un colectivo formado en más de un 95% por mujeres. Desde que en 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez comenzara a incrementar el indicador, este ha crecido casi un 70% , una evolución inversa al que ha tenido la afiliación de estas trabajadoras, que desde entonces y hasta 2025 perdieron casi 54.000 puestos de trabajo.Pero en 2026 todo ha cambiado. Es el primer año de los últimos ocho en el que el colectivo gana afiliación, el primero en el que crece desde que comenzó a subir el SMI, y la remontada deja 50.000 nuevas altas en menos de doce meses. ¿Qué está ocurriendo? El goteo de destrucción de empleo que ha azotado al régimen de las empleadas del hogar ha tornado en afiliación justo en el ejercicio en el que el Ejecutivo ha puesto en marcha una regulación masiva de inmigrantes sin precedentes, maniobra que está influyendo de forma extraordinaria tanto en el empleo como en el paro. El escenario es nuevo. Al conceder autorizaciones de residencia y trabajo a personas que ya residían o trabajaban en el país, las empresas y empleadores pueden dar de alta formalmente en la Seguridad Social a aquellas que desarrollaban sus tareas en un mercado ‘B’ por carecer de papeles. El proceso extraordinario ha transformado de inmediato la actividad informal preexistente en nuevas altas a la Seguridad Social, incrementando las cifras de afiliación en los meses posteriores a la tramitación de los expedientes.Durante los últimos años el camino ha estado empedrado de problemas para las empleadas del hogar. El incremento del salario mínimo primero, y el Covid después, llevaron al colectivo a su nivel más bajo de afiliación desde 2012, año en el que se integraron en el régimen general , y de ahí no se han movido hasta que el empleo extranjero ha entrado de lleno en el mercado de trabajo. Para hacer frente a las subidas, que hoy sitúan el SMI en 1.221 euros mensuales , algunas familias, que o bien no han podido o no han querido asumir el incremento, optaron, en el mejor de los casos, por modificar el contrato de trabajo y recortar la jornada laboral de la empleada para pagar lo mismo. En el peor de los escenarios, despidieron. Pensar en una nueva subida del salario mínimo y de las cotizaciones sigue siendo un quebradero de cabeza para muchas de esas familias y también para los pensionistas que tienen contratadas a cuidadoras y ya lo tienen difícil para pagar la nómina. Lo que hizo que algunas de estas trabajadoras pasaran a la economía sumergida.Más cotizaciones Hay que tener en cuenta que al salario mensual se debe sumar el importe a desembolsar a la Seguridad Social una vez que se ha dado de alta el contrato de trabajo por parte de la familia empleadora. El tipo de cotización por contingencias comunes sobre la base de cotización a aplicar en cada caso es del 28,30%. Esta cuantía se divide a su vez en un porcentaje del 23,60% a cargo del empleador y del 4,70% a cuenta de la propia empleada de hogar y que se resta en la nómina. Como ocurre de forma general, empleador y trabajadora también pagan el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), un recargo de cotizaciones para poder pagar las pensiones, que este 2026 aumentó al 0,9%. Un porcentaje que se distribuye a razón de un 0,75% a cargo de la empresa y 0,15% a cargo del trabajador. Y desde 2022 las empleadas de hogar se rigen por un nuevo marco normativo que incluye, entre las principales novedades, la obligatoriedad de cotizar por desempleo y Fogasa.La situación dará un vuelco el año próximo, si prospera la subida que pretende hacer en el SMI Yolanda Díaz antes de las elecciones generales del 29.N. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha saltado la recomendación de sus expertos, que había propuesto un alza del 4,9%, y está dispuesta a subir el SMI del 5,3%, hasta los 1.286 euros , además de mantener el esquema de absorción y compensación de pluses. Con esta subida el coste para las familias, incluyendo las cotizaciones sociales se dispara hasta casi los 2.000 euros mensuales.Evaluación de riesgosY desde finales de 2025 las familias deben también atender a las nuevas exigencias de prevención en el trabajo y frente a situaciones de acoso y violencia sexual . La normativa obliga a las familias y pensionistas que tienen una empleada del hogar deben tener actualizada una evaluación de los riesgos laborales que corren las trabajadoras en los domicilios o se exponen a multas que pueden llegar hasta los 49.000 euros. La ley que promovió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, obliga a los que tengan contratada a una empleada en casa a implantar medidas preventivas si la evaluación que realicen detecta alguna situación de riesgo, y a proporcionar equipos de trabajo y protección adecuados, además de informar y formar a la trabajadora sobre los riesgos y de las medidas de prevención en su trabajo. Las familias deberán, también, vigilar la salud de sus trabajadoras. Estas tienen derecho a reconocimientos médicos periódicos, de forma voluntaria y gratuita, al menos cada tres años.
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