España tiene un enorme mercado público y cada vez pone más información a disposición de las empresas, o al menos esa es la teoría. Sin embargo, lejos de encontrar oportunidades, el problema para las pequeñas compañías es tener capacidad para identificarlas, decidir si pueden competir por ella y asumir los costes administrativos, financieros y operativos que implica ejecutarlas.
En 2025 las Administraciones españolas ejecutaron alrededor de 169.700 concursos públicos por unos 180.600 millones de euros, un 32,3% más que en 2024, según DoubleTrade. El número de concursos aumentó un 4,3%, pero el valor económico del mercado creció mucho más.
El crecimiento continúa en 2026 y durante el primer semestre se publicaron unas 81.200 licitaciones por 89.500 millones de euros. La licitación pública había aumentado además un 26,2% hasta agosto, a los 26.237 millones, según las estadísticas de Seopan.
Pero el tamaño del mercado convive con una competencia limitada. OIReScon registró una media de 2,93 licitadores por contrato en el segundo trimestre de 2025, una cifra que muestra el reducido número de empresas que concurren de media a los procedimientos. Y es ahí donde aparece la paradoja; hay mucho dinero público sobre la mesa, pero no necesariamente muchas empresas compitiendo por él.
En este sentido, las pymes obtuvieron el 67,5% de los contratos formalizados en 2025 y concentraron el 43,6% del importe adjudicado, es decir, las pequeñas empresas consiguen la mayoría de los contratos, pero su peso disminuye cuando se mide el dinero asociado a ellos.
Oportunidades tiradas a la basura
«Durante años se ha pensado que el principal problema de las empresas era encontrar licitaciones. Hoy ocurre algo diferente: hay decenas de miles de oportunidades publicadas y el verdadero reto es saber cuáles encajan con cada compañía y cuáles deben descartarse», señalan desde DoubleTrade.
La información disponible se ha multiplicado. Pero para una empresa pequeña, analizar cientos o miles de expedientes también tiene un coste. Algo en lo que está de acuerdo hasta la propia CNMC.
En su estudio de 2026 sobre las barreras a la creación y crecimiento de las pymes y su participación en la contratación pública identifica dificultades para obtener información adaptada a sus necesidades, complejidad normativa, riesgos de errores formales, requisitos potencialmente desproporcionados y contratos poco adaptados a las empresas pequeñas. También señala riesgos financieros durante la ejecución.
La CNMC considera que estas barreras pueden desincentivar la participación incluso de empresas que serían potencialmente competitivas. O lo que es lo mismo, una empresa puede estar técnicamente capacitada para prestar un servicio y, sin embargo, no estar en condiciones de dedicar los recursos necesarios para competir por él.
El problema tampoco empieza cuando una empresa entra en una licitación. Empieza antes, cuando intenta crecer. En esta línea, Luis Miguel, de iBanFirst, apunta a la fragmentación administrativa y regulatoria como una de las dificultades estructurales para las empresas pequeñas.
«En España, una pyme tiene que coordinar más capas administrativas que en la mayoría de los países europeos», añade. En su opinión, el problema no se limita a la cantidad de normas, sino a cómo se acumulan las obligaciones a medida que aumenta el tamaño de una compañía. «Gestionar una pyme es como conducir: no importa sólo la velocidad máxima, sino cuántos semáforos hay, si están coordinados y si sabes cuándo van a cambiar», apunta.
Plazo teórico, pero no práctico
Además, el experto pone un ejemplo concreto: el plazo teórico para constituir una empresa en España es de 1 a 10 días, pero según datos reales del Colegio de Registradores, el tiempo medio de creación es de entre 41 y 54 días.
En Estonia o el Reino Unido hablamos de menos de 24 horas; en Bélgica, Hungría, Países Bajos o Estados Unidos, entre 1 y 5 días; en Francia o China, unos 15 días. El arranque ya es lento. Y luego llega el conocido «efecto escalón»: a partir de ciertos umbrales de tamaño, las obligaciones se multiplican de golpe. A los 50 empleados, por ejemplo, una empresa debe implantar un plan de igualdad y auditoría retributiva, pasar a liquidación mensual del IVA, someterse a auditoría de cuentas obligatoria y constituir un Comité de Seguridad y Salud.
«Son cargas que muchas pymes no pueden absorber sin dedicar recursos que necesitan para crecer», sentencian desde IbanFirst.
Para los expertos, ese problema se hace especialmente relevante por el reducido tamaño de la mayoría de las empresas españolas. «El 99% de lo que llamamos pyme en España tiene una media inferior a cinco trabajadores. Con ese tamaño, dedicar recursos a gestionar umbrales regulatorios es sencillamente inasumible» añade Luis Miguel.
Por si fuera poco, esta semana se ha celebrado la presentación de la décima edición de CEPYME500, cuya presidenta, Ángela de Miguel, señaló que el desarrollo empresarial es necesario para contar con un tejido económico competitivo y resiliente. Entre los obstáculos que identificó situó las cargas burocráticas, los incrementos de costes, el absentismo, las dificultades para cubrir vacantes y la falta de relevo generacional.
De Miguel reclamó además aplicar el principio «think small first», es decir, pensar en pequeño primero, para evaluar el efecto que tiene cualquier nueva regulación sobre las pymes.
La presidenta de CEPYME también reclamó la recuperación urgente del diálogo social y puso el foco en la importancia de las empresas que crecen para la reindustrialización de España. El problema ha llegado hasta la Comisión Europea, que también sitúa la regulación entre los obstáculos relevantes para las empresas españolas.
En su Country Report Spain 2026 señala que el 82% de las empresas españolas considera la regulación empresarial un obstáculo para la inversión, frente al 69% en el conjunto de la UE. Bruselas reconoce avances en la reducción de los tiempos de registro empresarial, pero considera necesario seguir simplificando el entorno regulatorio.
Modelo diferente en otros países
Para IbanFirst, la diferencia no está únicamente en cuántas normas existen, sino en la filosofía con la que se aplican. «España aplica mayoritariamente un modelo de control preventivo: se exigen autorizaciones y cumplimientos antes de que la empresa pueda operar, lo que frena el inicio de la actividad», añaden.
Sin embargo, el experto señala que otros países optan por el control a posteriori: «se prioriza la agilidad comercial y se sanciona el incumplimiento cuando se detecta, no antes». En España, en cambio, toda la carga va antes por lo que una compañía puede ganar un contrato y, aun así, necesitar suficiente músculo financiero para ejecutarlo.
Por eso la diferencia entre el 67,5% de los contratos y el 43,6% del importe resulta significativa. No demuestra por sí sola que la regulación sea la causa de esa brecha, pero sí plantea una cuestión sobre la capacidad de las empresas pequeñas para competir cuando aumenta la dimensión económica de los procedimientos.
El mensaje es cada vez más claro, una empresa pequeña no solo necesita conocer el mercado; necesita tener estructura suficiente para absorber regulación, financiar el crecimiento, preparar ofertas y ejecutar contratos cada vez más complejos.
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