Las responsabilidades que Urtasun sigue sin asumir por el robo del tesoro de Villena

Doce días después del robo del tesoro de Villena , Ernest Urtasun sigue sin dar explicaciones sobre la pérdida de uno de los vestigios más valiosos de la Edad del Bronce en la Península Ibérica. Al ministro le ha dado tiempo a viajar a la Bienal del Libro de São Paulo, a grabarse vídeos en su despacho para Instagram e incluso a conceder una entrevista en televisión. No ha encontrado, sin embargo, un minuto para aclarar qué hizo este verano su departamento para reforzar la seguridad de los museos españoles después de tres robos en cuatro meses: Badajoz, Albacete y Alicante. El Ministerio de Cultura, más que explicar, ha intentado sacudirse responsabilidades. En un comunicado, descargó la seguridad del patrimonio en las comunidades autónomas y espera que el silencio del ministro y el paso del tiempo hagan el resto. Pero fuentes del ministerio y una lectura atenta de las actuaciones de Cultura apuntan, al menos, a dos responsabilidades del equipo de Urtasun: la tardanza en responder a la urgencia planteada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la deficiente coordinación con las comunidades autónomas en la conservación del patrimonio. Cultura –que no Urtasun– se ha limitado a informar de que, tras el robo de 200 monedas de oro en el Museo de Albacete, la Dirección General de Patrimonio Cultural trasladó su «preocupación» a la Policía Nacional. La Brigada de Patrimonio Histórico envió entonces un oficio al ministerio, el 4 de agosto, para solicitar información urgente sobre piezas de oro, otros metales y piedras preciosas custodiadas en los museos españoles. El equipo de Urtasun respondió solo respecto a sus 16 museos estatales. No informó sobre los 64 museos provinciales de titularidad estatal cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas.A la Policía le seguía faltando información para realizar un mapa completo de las piezas en riesgo, y el 11 de agosto, siete días después, el ministerio pidió esos datos a las comunidades autónomas. Recordemos que para entonces ya se habían producido los robos de Albacete y Badajoz —en este último caso, 149 monedas de oro—, y también el del tesoro de Vix, en Francia, sin que el ministerio hubiera activado ningún mecanismo de urgencia ante esta crisis.Sin medidas preventivasEl ministerio fue remitiendo a la Policía la información que recibía. A las regiones que no contestaron se les reiteró la petición el 24 de agosto, coincidiendo con una alerta de Europol. Habían pasado casi tres semanas desde el oficio de la Brigada de Patrimonio Histórico. Tres días después, a los ladrones les bastaron cuatro minutos para llevarse gran parte del valiosísimo tesoro de Villena. Solo entonces Cultura convocó a las comunidades autónomas a una reunión telemática para abordar la seguridad en los museos, «de la que cada administración tiene la competencia respecto de los bienes que gestiona». El riesgo cero no existe, subrayan las fuentes consultadas, y el caso del Louvre lo demuestra. Pero también parece evidente que una actuación más diligente habría permitido adoptar medidas preventivas: revisar la seguridad de los museos más expuestos o retirar temporalmente algunas piezas. Esta semana habrá otro encuentro entre el ministerio y las comunidades, esta vez presencial, tras el que se espera el anuncio de nuevas medidas. Si Cultura puede actuar así en septiembre, también pudo hacerlo antes... y no lo hizo.Cultura «ha venido a decir que advirtió del incremento de los riesgos, un poco en la línea de 'si necesitan ayuda, que la pidan'»El ministerio sostiene que cumplió con su parte. «Es ofensivo», dicen las fuentes consultadas. Y, además, falso. El artículo 2 de la ley de Patrimonio establece que, «sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos», son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado «garantizar la conservación» del patrimonio histórico. También dispone que la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar la colaboración con los demás poderes públicos y para «recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa». Dicho de otro modo: la descentralización no debería ser una coartada si los instrumentos de colaboración funcionan. El gestor cultural Luis Trigo añade que el artículo 149.2 de la Constitución convierte al Ministerio de Cultura en «actor principal del sistema de protección de nuestro patrimonio histórico». «Dedicarse a señalar a otras administraciones acredita que no está en lo que le toca», sostiene. En el caso del tesoro de Villena, critica Trigo, «nadie ha salido a dar explicaciones»: el ayuntamiento «ha desviado la atención a la Generalitat», la comunidad «también ha apuntado hacia otro lado» y el ministerio «ha venido a decir que advirtió del incremento de los riesgos, un poco en la línea de 'si necesitan ayuda, que la pidan'».La necesidad de protocolos centralizados por Cultura se entiende mejor al observar la distinta situación administrativa de los museos afectados. Los de Badajoz y Albacete son de titularidad estatal, con gestión transferida a las comunidades autónomas. El de Villena es de titularidad y gestión municipal. Además, por la fecha en que fueron descubiertas las colecciones sustraídas, los tesoros de Villena y Albacete serían de titularidad estatal, aunque Cultura no aclaró ayer a ABC este extremo. ¿De verdad el ministro no tiene nada que decir sobre esta oleada de robos? Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado temen que las piezas robadas estén ya fundidas. El mercado paga el gramo a 125 euros.Exteriores del Museo del Louvre, en París Reuters El precedente del Louvre: una crisis política que salpicó a Macron Cuando en octubre del año pasado unos ladrones se llevaron del Museo del Louvre nueve piezas de las Joyas de la Corona de Francia, bastaron unas horas para que se desatara una crisis política que ni el presidente de la República, Emmanuel Macron, pudo esquivar. El ministro del Interior salió ese mismo día a dar explicaciones. El museo cerró al público para revisar sus sistemas de seguridad. Y la prensa no tardó en denunciar los fallos estructurales de protección del Louvre. La directora del museo ofreció su dimisión a la ministra de Cultura, compareció ante el Senado y el Gobierno ordenó una auditoría de los sistemas de protección patrimonial. Después se reforzaron vitrinas, se instalaron nuevas cámaras y se aumentó el número de vigilantes. La Galería de Apolo, donde se produjo el robo, permaneció nueve meses cerrada. Cualquier parecido con el caso español es pura coincidencia.