Como viene siendo habitual en los últimos años, los agricultores españoles se disponen a protagonizar otro invierno de movilizaciones en la calle. Ya sucedió el año pasado, cuando un sinfín de tractoradas recorrieron la Península en protesta contra el recorte en las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) que prevé la Comisión Europea y la apertura a la competencia desleal que supuso el acuerdo comercial entre la UE y los países del bloque Mercosur -en vigor desde el pasado mes de mayo-, en lo que supuso la última manifestación de una oleada de movilizaciones en el sector que empezó allá por 2023 y que ha venido a llamarse la ‘revuelta agrícola europea’. Sin embargo, todo indica que este año la contestación social va a adquirir unos decibelios inusitados, pues la campaña de movilizaciones de este curso -anunciada este viernes por las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país- llega cuando buena parte del campo español está en una situación límite por el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes derivado de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Sorprende, además, la premura, pues los tractores no se van a esperar al frío para salir a la calle. En una nota conjunta, Asaja Coag y UPA han anunciado la convocatoria de movilizaciones «inmediatas» y «en todo el territorio nacional» ante una situación que describen como «límite». Nada se sabe aún de las fechas elegidas ni los lugares, que los firmantes aseguran que darán a conocer «en los próximos días», antes de llamar a todo el sector a mantenerse «unido» y salir a la calle «hasta obtener respuestas».Por ‘respuestas’, los agricultores se refieren a todo aquello que está en la mano del Gobierno para tratar de resolver la crisis de precios, y eso pasa por potenciales ayudas para la compra de carburantes y fertilizantes. El tiempo corre, pues el próximo 30 de septiembre va a decaer el segundo paquete anticrisis que aprobó el Ejecutivo para hacer frente a la espiral inflacionista, y con él la ayuda de 20 céntimos por litro para el consumo de gasóleo agrícola, sin que el Gobierno haya puesto «ninguna alternativa sobre la mesa», denuncian las organizaciones sectoriales. Esa bonificación no podía desaparecer en un peor momento, pues llega justo cuando el sector enfrenta la siembra de las más de 4,5 millones de hectáreas de cereal de invierno que hay en nuestro país (trigo, cebada, centeno, etc), además de las campañas de la vendimia, el maíz y, en pocas semanas, la aceituna. Así las cosas, los agricultores se exponen na tener que enfrentar esos trabajos con el gasóleo un 48% más caro que el año pasado y sin ninguna ayuda, y añádase a esto los fertilizantes, que son la otra víctima que deja la guerra en el Golfo Pérsico. Por el estrecho de Ormuz pasan hasta el 35% de las materias primas que se utilizan para fabricar abonos, hecho que la disparado su precio más de un 30% desde que empezara la guerra. Esto supone un problema para virtualmente todos los cultivos agrícolas a excepción del ecológico pero, una vez más, los grandes pagadores de esta crisis serán las grandes áreas cerealistas del centro peninsular. En condiciones normales, alrededor de una cuarta parte del coste total de este tipo de explotaciones depende directamente del abonado y el carburante, un porcentaje que se ha disparado de forma sensacional en los últimos meses y que ha forzado a miles de productores a vender a pérdidas. De hecho, la previsión de los expertos es que durante la campaña que ahora empieza muchos optarán por no sembrar, con la correspondiente pérdida de suelo útil que esto supone.
Powered by WPeMatico
Acerca del autor
