Un destacado miembro del clan de los Cucos amenaza a un promotor con quemar sus viviendas recién construidas si no accede a contratar su seguridad. El precio asciende a mil euros al mes por cada obra que él y los suyos vigilen, una actividad a la postre ficticia cuando son los propios contratados los que están detrás de los hurtos. La presión ha subido de nivel, toda vez que el afectado lleva meses sin doblegarse a sus pretensiones: primero a pie de obra, con el constante hostigamiento a los operarios, y después en la misma puerta del piso piloto. «O pagas o atente a las consecuencias», le espeta, fiel reproducción de una extorsión que se repite en buena parte de las obras.Por si fuera poco, el robo de materiales, convertido desde hace décadas en un mal endémico, aumenta sobremanera en esta época del año dada la falta de luz solar y el mayor número de horas que una parcela vacía se queda a oscuras. La controversia es tal que el 76% de los profesionales asentados en Madrid advierten de esta situación, según el último informe de BauWatch, compañía especializada en videovigilancia temporal de obras, parques eólicos e infraestructuras. Y eso no es todo. El estudio también señala que alrededor del 55% ha recibido ofertas de ‘protección’ –como la que abre el texto–, con pagos en metálico en casi la mitad de ellas. «Juegan con el miedo, saben transmitir muy bien que a quien deben temer es a ellos», advierten las fuentes policiales consultadas. Un problema que se agrava debido a la escasa percepción del riesgo que mantiene buena parte de los constructores, desprovistos de la información y los medios necesarios para hacer frente a unos ladrones cada vez más sofisticados. Los pequeños rateros, añaden las mismas fuentes, han dejado paso a estructuras organizadas, donde el reparto de roles resulta fundamental para llevar a cabo sus fines delictivos. Es el caso del último gran golpe de la Guardia Civil, la denominada operación Hammer , cuyos agentes lograron saldar a finales del año pasado con 16 detenidos y medio centenar de robos esclarecidos. Pese a que los primeros hechos se detectaron meses atrás en Majadahonda y zonas colindantes, la organización consiguió extender su radio de acción por Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey, Getafe o Madrid capital, entre otras localidades de la región, además de Guadalajara y Toledo. Los delincuentes acuden a obras de nueva construcción para sustraer herramientas o maquinaria. Algunos promotores son extorsionados por clanes para contratar vigilancias ficticias ABCEn todos estos puntos, los malhechores empleaban un ‘modus operandi’ similar: como si de una cuadrilla recién contratada se tratase, se desplazaban en furgonetas vestidos con indumentaria propia del personal de obra, lo que impedía al resto de trabajadores sospechar que estaban en la antesala de un robo. Los falsos operarios accedían así a las parcelas y cargaban en los vehículos herramientas de elevado coste, tanto, que el valor de todas ellas superaba los 400.000 euros.Las piezas eran almacenadas durante un tiempo en unos trasteros para después darles salida en el mercado negro, dos fases –la custodia y la venta– que llevaban a cabo otros miembros de la red. A diferencia de los clanes dedicados a la extorsión, este tipo de grupos, ya sean disfrazados a la vista de todos o al cobijo de la soledad de la luna, tienen claro que perpetrar estos hechos supone un delito de robo con fuerza, con penas mucho más bajas que en los casos de violencia e intimidación. Ello explica que la mayoría no suelan oponer resistencia ni tengan un carácter bronco si terminan por ser descubiertos.Esta circunstancia, sin embargo, no impide que los robos sean cada vez de mayor importancia. De hecho, la Guardia Civil ha arrestado recientemente a cinco individuos por sustraer una decena de máquinas pesadas de diferentes obras públicas, valoradas cada una entre 40.000 y 90.000 euros. Los investigadores pudieron constatar que los autores usaban coches de alquiler para desplazarse hasta localidades como Meco, Villalbilla, Loeches, Torres de la Alameda o Los Santos de la Humosa, desde donde conducían excavadoras y otros vehículos de construcción a lugares discretos. En estos puntos, los dejaban estacionados unos días (lo que en el argot policial se conoce como enfriar) antes de trasladarlos hasta una nave de San Martín de la Vega. El paso final de los malhechores, todos con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, era despiezar las máquinas con el objetivo de darles salida fuera de España. Los pequeños rateros han dejado paso a estructuras organizadas, donde el reparto de roles resulta fundamental para llevar a cabo sus fines delictivosLa oscuridad, salvo para los más osados, es la gran aliada de estos amigos de lo ajeno, por lo que no es de extrañar que la mayoría de incursiones se cometan al caer el sol. Y si las obras están iluminadas con luz artificial, hay algunos que no tienen reparo en manipular farolas para provocar un apagón. Así actuaban los dos ciudadanos búlgaros que fueron sorprendidos el pasado verano en el barrio de Valdebebas.Fue el conserje de un edificio cercano quien avisó a la Policía tras ver a dos sujetos merodear de forma sospechosa por un bloque de viviendas en construcción. Al llegar, los agentes localizaron a ambos en el interior de ese mismo inmueble, al que habían accedido sin autorización y después de inutilizar los sistemas de alarma a través del citado apagón. En el interior de su vehículo escondían hasta 20 equipos de aire acondicionado, cuya procedencia los detenidos no pudieron justificar.MaterialesLa actual ‘fiebre’ del cobre, revalorizado en septiembre y octubre hasta cotas nunca vistas, coloca a esta materia prima a la cabeza de los materiales codiciados. Tanto, que a finales de agosto la Guardia Civil identificó a dos personas en la localidad vallisoletana de Olmedo tras robar una bobina valorada en 8.500 euros. Hasta ahí una actuación más, de no ser porque ambos ladrones estaban integrados dentro de un grupo que realizaba el trayecto Madrid-Valladolid en busca de instalaciones donde hubiera cantidades elevadas de cobre.Respecto a los falsos vigilantes, los enclaves más críticos se ubican en los nuevos desarrollos con multitud de edificios proyectados. Los clanes, en su mayoría españoles y rumanos de etnia gitana, se reparten las zonas para mantener un cierto equilibrio en el negocio. Y si alguno de los implicados incumple el acuerdo tácito, lo normal es que el resto una fuerzas para que este pague las consecuencias.Los cobros o bien se hacen en negro o por medio de pequeños contratos a través de empresas tapadera, que los propios extorsionadores crean a fin de blanquear las ganancias. «Al final es un círculo vicioso, donde los constructores afectados lo que quieren evitar a toda costa es que les roben y tengan que paralizar las obras», señalaba tiempo atrás a este periódico un agente del Instituto Armado, consciente de que la ausencia de denuncias imposibilita la erradicación de esta práctica.
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