Maricarmen: un relato alternativo

Ha movilizado mucho a la izquierda el desalojo de una anciana de 87 años, llamada Maricarmen, del piso que ocupaba como inquilina de renta antigua desde hace más de 70 años con vistas al Parque del Retiro de Madrid. Lamentando humanamente la penosa situación de una mujer de avanzada edad que no debería estar sometida a estas alturas a semejante drama personal, voy a detallarles aquí unos cuantos datos que construyen un relato alternativo al que la izquierda nos quiere emocionalmente colocar. Porque leyes y emociones viven en mundos realmente muy distintos, y cualquiera de ustedes, amables lectores, podría haberse visto en una situación similar. Y no solo como inquilinos, sino tal vez como sus caseros. 

Todos los que siguen a continuación son hechos ciertos y han salido también publicados —con bastante menos repercusión— en los medios de comunicación:

– Maricarmen, que no era la inquilina original, vivía sola en el piso desde el 2005, año en que falleció su madre. La ley, precisamente aprobada por el PSOE, solo permite permanecer de forma indefinida al titular original y a quien se subroga en primer lugar. Esa primera subrogación correspondió a su madre tras el fallecimiento de su padre en 1960.

– Maricarmen fue la segunda subrogada en el contrato original de alquiler de renta antigua, que se firmó en el año 1956. Y esta segunda subrogación a su favor solo le daba derecho, según la misma ley aprobada por el PSOE, a dos años más para habitar el piso, o sea, hasta 2007, salvo que tuviera una discapacidad superior al 65%, requisito que no cumple. 

– En el año 2007, hace exactamente 19 años, Maricarmen debería haberse marchado del piso aplicándose estrictamente la ley. En ese momento contaba con 68 años y acababa de jubilarse como funcionaria pública, estando soltera y sin haber tenido descendientes. 

– Al no marcharse Maricarmen cuando legalmente le correspondía, el propietario de la vivienda, que llevaba 50 años cobrando una renta irrisoria de 500 euros por un piso en la mejor zona de Madrid, tuvo que vender el piso a un fondo inmobiliario llamado Urbagestión, ya que ningún particular se lo quiso comprar, pues la renta no daba ni para cubrir sus gastos de mantenimiento. 

– Antes de vender el piso, el antiguo propietario le ofreció comprarlo por el muy módico precio de 247.000 euros. Maricarmen, funcionaria desde hacía 50 años, sin hijos ni deudas a su cargo, no lo quiso comprar, confiando en que le durara indefinidamente la subrogación del alquiler.

– Tras 20 años de paciente espera, la propiedad del piso inició un procedimiento de desahucio y el juez ha dictado finalmente el desalojo. Maricarmen ha disfrutado del enorme privilegio legal de habitar un piso en una zona de lujo durante más de 70 años pagando una renta irrisoria.

– Ante el desalojo dictado por el juez, el Ayuntamiento de Madrid le ofreció ayudas para irse a vivir con un familiar. Maricarmen se negó. La Comunidad de Madrid le ofreció dos veces plaza en una residencia tutelada situada en Alcalá de Henares. Maricarmen no quiso ir porque «estaba muy lejos». Ahora ha dicho a los medios que se va a vivir con un primo a Segovia, bastantes kilómetros más lejos de Madrid que Alcalá.

Y, expuestos los hechos crudos, ahora yo les pregunto, no sin lamentar de nuevo el drama personal de una anciana que ha tenido una vida legalmente privilegiada: ¿Deben las administraciones cuidar indefinidamente a alguien que ha disfrutado de un buen trabajo y sueldo, que no ha tenido que mantener hijos ni familia, que se ha gastado todo el dinero que ganó, que no ha ahorrado jamás un euro pudiendo hacerlo, que jamás se buscó una vivienda para comprar, que nunca ha querido pagar una hipoteca y que ha pensado que vivir en el Retiro por 500 euros era un derecho que le duraría indefinidamente? 

Da realmente pena que esto le pase a Maricarmen con 87 años. Pero resulta que, con la ley en la mano, con una conciencia responsable y con su venerable despreocupación escondida en un bolsillo, debería haberse marchado hace 20 años.