Moncloa cree haber encontrado un asidero legal orientado a salvar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, del delito de malversación por el que está procesada y será juzgada por un jurado popular junto al delito de tráfico de influencias.
Dado que el Ministerio Fiscal mantiene firme su petición de sobreseimiento y la Universidad Complutense está personada como perjudicada directa por el presunto desvío patrimonial de 113.500 euros, pero no solicita pena alguna, la jurisprudencia del Tribunal Supremo determina que, en los delitos que protegen un bien jurídico colectivo o público —como es el correcto funcionamiento de la administración y el patrimonio público en la malversación—, no se puede abrir juicio oral si únicamente lo solicita la acusación popular.
La clave está, precisamente, en el hecho de que la Complutense está personada como perjudicada por el presunto desvío patrimonial del software que Begoña Gómez se apropió indebidamente, pero no ha formulado acusación contra ella.
La cuestión es compleja jurídicamente, porque si bien el Ministerio Público no formula acusación alguna contra Begoña Gómez, la Universidad Complutense sí está exigiendo responsabilidades económicas en calidad de perjudicada directa. Dicho de otro modo: aprieta, pero no ahoga. Reclama el dinero, pero no acusa, lo que nos sitúa delante de un laberinto jurídico. En Moncloa están convencidos de que Begoña Gómez puede librarse de ser juzgada por malversación abrazándose a la doctrina Botín, pero el caso es alambicado en extremo.
Veremos en qué queda, pero ya sabemos qué pasará si el tribunal desestima la petición de librar a Begoña Gómez del delito de malversación. En ese caso, el Gobierno saldrá en tromba acusando a los jueces de interpretar de forma torticera la doctrina Botín para perjudicar a Pedro Sánchez. Lo de siempre. Y si el tribunal acepta las tesis y libra a la mujer del presidente del delito de malversación, el Gobierno dirá torticeramente que ha quedado demostrado que todo el proceso judicial en torno a la mujer del presidente era una infamia de la extrema derecha.
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