El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado este martes una subvención directa de 300.000 euros a la web ‘Quiero abortar’, en la que entre otras cosas se facilita información sobre los pasos que hay que seguir para abortar, qué métodos existen o dónde se pueden llevar a cabo estas intervenciones. Según ha informado el departamento de Mónica García en una nota de prensa, el dinero es para «ampliar y mejorar los servicios» de este portal, que, defienden, es «un recurso estatal de información, orientación y acompañamiento sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo».La subvención se aprueba a través de un real decreto que regula la concesión directa a la entidad ‘Associació Pels Drets Sexuals i Reproductius’, promotora de la página web sobre el aborto. Con el dinero, dice Sanidad, se pretende reforzar los servicios de consulta y acompañamiento online «para ofrecer información y orientación individualizada durante todo el proceso». Y destaca el departamento de Mónica García que la información va dirigida tanto a las mujeres que «necesiten acceder a la interrupción voluntaria del embarazo» como «a las personas trans con capacidad de gestar». Según el Gobierno, estos 300.000 euros tienen como objetivo «facilitar el acceso a la información fiable, con independencia del lugar de residencia, y reducir las desigualdades territoriales derivadas de las diferencias en la organización de los servicios sanitarios y los procedimientos establecidos por las comunidades autónomas». El Gobierno argumenta que esta subvención responde a «la persistencia de diferencias entre comunidades autónomas en la disponibilidad de servicios de interrupción voluntaria del embarazo, los circuitos de derivación, la información facilitada a las usuarias y la disponibilidad de profesionales sanitarios». Sin embargo, en 2024, los últimos datos disponibles hasta la fecha, se practicaron en España 106.172 abortos, la cifra más alta de la última década. Destaca Sanidad que el porcentaje de intervenciones realizadas en centros públicos ha aumentado casi siete puntos desde 2019, pero cerca de ocho de cada diez siguen realizándose en centros privados. Para el ministerio de García, la diversidad de procedimientos establecidos en las distintas comunidades autónomas puede generar incertidumbre y obstáculos para abortar.
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