El Gobierno vasco recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que la semana pasada anuló el decreto que regula la exigencia del euskera en la administración vasca. Así lo ha anunciado el lendakari Imanol Pradales al responder una pregunta de la diputada de Vox, Amaia Martínez, durante la sesión de control celebrada este viernes en el Parlamento de Vitoria. El presidente del Ejecutivo autonómico ha explicado que «seguirá actuando con rigor y con respeto, pero defendiendo sin complejos el avance de la normalización» lingüística del euskera a la hora de justificar esta decisión. Fue el pasado 16 de septiembre cuando el TSJPV tumbó el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector público vasco por «insuficiencia de la memoria económica» tras estimar el recurso interpuesto por Vox contra la norma. Dicho decreto, pactado en 2024 por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) durante la última legislatura del lendakari Iñigo Urkullu al frente del Gobierno vasco, desarrollaba la Ley de Empleo vasca, estableciendo los perfiles lingüísticos. Es decir, las plazas de la Administración pública que tenían asociada la exigencia de un nivel concreto de euskera. Esta arquitectura legal, ahora en el aire, ya estaba siendo objeto de polémica y revisión por parte de PNV y EH Bildu. El pasado 25 de junio ambos partidos aprobaron en el Parlamento vasco (sin los votos del PSE, socio del PNV en el Gobierno de Pradales) una reforma de la Ley de Empleo vasca para para frenar las sentencias que vienen declarando ilegales las convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) donde la exigencia del euskera se aplica al 100% de las plazas. De esta forma, tras conocerse la sentencia del TSJPV del pasado día 16 de octubre contra el decreto 19/2024, se dio la circunstancia de que quedaba anulada una normativa que ya estaba siendo modificada por los propios partidos nacionalistas. Al preguntar entonces al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, dirigido por Ibone Bengoetxea (PNV), aún no se atrevían a hacer prediccciones sobre las repercusiones prácticas de la sentencia sin confirmar la presentación del recurso. Tampoco desde Vox, el partido demandante, que veía como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le daba la razón por una cuestión más de forma que de fondo. La sentencia dictada por el TSJPV no anulaba el decreto que regula los perfiles lingüísticos por el «orillamiento del castellano», sino por no contar con una memoria económica. «No cumple con la evaluación y fundamentación objetiva y técnica de las exigencias y repercusiones económico financieras de la regulación proyectada, ni justifica tampoco que la nueva regulación respete las imprescindibles estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», explica el fallo consultado por este periódico. La sentencia no era firme y contra ella cabía el recurso de casación que ha anunciado hoy Pradales desde Vitoria.
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