Lo que empezó siendo una simple comprobación de documentación terminó en una brutal agresión física en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma, en Mallorca. Una supervisora de una compañía aérea acabó brutalmente agredida por una pasajera que no podía acreditar de manera correcta su descuento de residente balear, requisito imprescindible para acceder a la tarifa bonificada.
Según ha denunciado UGT, los hechos ocurrieron el pasado viernes 28 de agosto cuando la empleada, afiliada a dicho sindicato, le comunicó la normativa a la pasajera. La reacción de la usuaria se tornó violenta, asestándole con su teléfono móvil varios impactos en la cabeza, la oreja y el hombro. Una agresión que ha derivado en la correspondiente baja médica para la trabajadora afectada.
Este caso, lejos de ser un hecho aislado, evidencia una tendencia alarmante en los recintos aeroportuarios del archipiélago. Y es que según datos hechos públicos por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares, este ataque eleva a diez el número de agresiones contabilizadas a personal de los aeropuertos de las Islas Baleares a lo largo del último año.
La organización sindical ha tildado de «intolerable» este repunte sostenido de la violencia hacia los empleados que prestan servicio de cara al público. Desde la central señalan que el perfil de los conflictos ha cambiado radicalmente.
Ahora ya no es necesario que exista una disputa por el cobro del equipaje o un problema complejo durante el embarque. Según explican, cualquier norma habitual o pequeña incidencia que cause frustración en el pasajero basta para desatar insultos, amenazas o agresiones físicas directas.
Ante esta situación, el sindicato advierte de que acudir a trabajar a estas instalaciones «se está convirtiendo en una actividad de riesgo». Por ello, exige la implantación inmediata de medidas preventivas reales y protocolos de protección eficaces que ofrezcan una respuesta contundente ante cualquier tipo de ataque.
Asimismo, insta a Aena, a las empresas operadoras y a las administraciones competentes a dejar de tratar estos sucesos como incidentes aislados. Recuerdan que el personal en tierra no es responsable de las tarifas, de las condiciones de los billetes, de la legislación sobre el descuento de residente ni de las normas que los usuarios están obligados a acatar.
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