Pedro Sánchez tenía un as bajo la manga y no era la convocatoria electoral. El presidente del Gobierno no sorprendió con el anuncio del anticipo de las generales , un adelanto que lleva gestándose y digiriéndose todo el fin de semana y cuya única incertidumbre era la forma en la que se iba a comunicar. Con la práctica unanimidad del PSOE y del Ejecutivo plegado a la tesis de llamar a las urnas el 29 de noviembre , era muy difícil —incluso para él— defraudar las expectativas generadas. Sin embargo, el movimiento entraña un alto riesgo político, porque en Moncloa asumen que las generales les desalojarán del poder y necesitan sostener el nivel de tensión de las bases progresistas que ha generado la movilización por la vivienda. El conejo en la chistera no era disolver las Cortes, sino, con ellas disueltas, volver a aprobar los dos decretos que decayeron el viernes y que han generado el tsunami electoral. El primer acto de campaña.Será un segundo Consejo de Ministros —el que con carácter ordinario se celebra este martes— el que recupere el contenido de las medidas que fueron tumbadas por el Congreso y que volverán a la Carrera de San Jerónimo, pero, esta vez, no al Pleno, sino a la Diputación Permanente. Se da la circunstancia, y ahí está la clave del ardid, que la composición de este órgano de ‘guardia’ es más reducida y favorable —en lo aritmético— al Gobierno. Los votos de Junts, decisivos para hacer que los textos fracasaran la semana pasada, no serían necesarios esta vez. Sí serán imprescindibles los del PNV, lo que deja a los jeltzles en una posición comprometida en clara pugna electoral con EH Bildu. En Moncloa anticipan que se incluirán algunos cambios para conseguir sortear las dudas legales que entraña el movimiento y la clave está en lo que se estirará el calendario para someter los textos a convalidación. Con esta decisión, el Gobierno se asegura que el debate sobre la vivienda siga vivo, al menos, hasta que se vuelvan a votar los decretos. Está por definir si el Ejecutivo optará por llevarlo rápidamente —como hizo este viernes— o apostará por lo que ha hecho en otras ocasiones, apurar hasta el final de su vigencia legal —la ley obliga a someterlo a convalidación antes de 30 días en el Parlamento— lo que situaría la votación en el arranque de la campaña. En todo caso, cuando se produzca, Sánchez conseguirá otra fotografía. La del retrato de quienes votan ‘no’ —en el que se enmarca a las derechas de PP, Vox y Junts— y el de la eventual aprobación, si el PNV se mantiene en el voto afirmativo, con la bandera de los derechos conseguidos.En Moncloa no ocultan el vértigo de los 54 días que median entre la convocatoria y la celebración de las elecciones y son conscientes de que, por el camino a las urnas, puede cruzarse cualquier otra polémica que desactive a sus bases. Los datos que el presidente tiene hoy sobre la mesa animan a anticipar las generales. «No habrá una oportunidad así», dicen desde su equipo. De ahí que el presidente hilvanara un discurso en clave de movilización de los votantes progresistas para tener el 29 de noviembre un apoyo suficiente para sacar adelante medidas progresistas frente a la mayoría de «bloqueo» que existe actualmente en el Parlamento y que «pisotea» sus intereses «en beneficio de unos pocos». «Ha llegado el momento de que los españoles decidáis lo que queréis para vuestro país», emplazó, en un discurso muy ideológico, con aroma plebiscitario y de primer mitin de campaña . «Debéis elegir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Confío en mis compatriotas para estar en el lado correcto de la historia», sentenció, para añadir que «para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente». Sobre la frustración de la falta de respuestas en los 8 años de gobierno, el presidente reconoció que «hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto».Las presiones para acortar la legislatura aprovechando la ocasión que se ha abierto con la vivienda comenzaron a arreciar antes de que los de Carles Puigdemont votaran en contra de los decretos y una vez que se certificó el fracaso, Sánchez pidió espacio y tiempo. Se dio por delante el fin de semana para calibrar la efectividad de un movimiento de alto riesgo político. La convicción de que existe una «oportunidad histórica» la comparten todas las fuentes consultadas, pero el presidente quería verla respaldada con datos. Primero, en cifras de asistentes a las manifestaciones que se produjeron todo el fin de semana. Y después, en toda una serie de estudios demoscópicos y de prospectiva encargados de urgencia para pulsar hasta qué punto la movilización del electorado está consolidada. El presidente se quejó de que el Gobierno haya tenido que «trabajar con un Congreso muy bronco en el que –absurdamente– muchos confunden pactar con renunciar y bloquear con vencer».Sánchez lamentó «trabajar con un Congreso muy bronco en el que —absurdamente— muchos confunden bloquear con vencer»Sánchez hizo un discurso en clave de balance de estos tres años de legislatura, recordando los hitos alcanzados y la buena marcha de la economía y criticando al PP y a Vox como la «peor oposición de nuestra historia democrática», «sin sentido de Estado», y bloqueando medidas que son buenas para el país. «Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender los intereses de los españoles y por construir un mejor futuro para nuestros compatriotas y para la humanidad», señaló. El Gobierno cierra una legislatura estéril en lo que a leyes se refiere, sin presentar unos presupuestos y sin someterse a un debate sobre el estado de la nación. También dejando en el cajón algunas de las cesiones que prometieron a los socios, y que estaban abocadas al fracaso, como la quita de la deuda o un nuevo sistema de financiación. El saldo de estos últimos tres años se limita a la aprobación de una ley de amnistía que conseguirá el regreso de Carles Puigdemont a España, pero que nunca logró integrar a Junts en la viabilidad del mandato, más allá de la investidura.Esta es, además, la tercera vez que Sánchez convoca elecciones y la tercera que lo hace de manera anticipada, aunque en la última etapa se haya afanado en defender que agotaría el mandato, porque «las legislaturas duran cuatro años, también cuando gobierna la izquierda». En 2019 lo acortó con la coartada de la falta de apoyo a los Presupuestos por parte de ERC, aprovechando la foto de las tres derechas en la Plaza de Colón, y en 2023, después del batacazo autonómico del PSOE en las municipales y autonómicas, confiando en el miedo a que los pactos PP-Vox se extendieran también al Gobierno central. Ahora, volverá a azuzar esta amenaza, aunque la suma por la izquierda parece tornarse insuficiente para mantener la Moncloa.
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