Podemos caer en disquisiciones absurdas, perder el rumbo en los detalles o aburrirnos abrazados a una pusilánime cautela, pero lo cierto es que el informe de la Policía en poder de la juez Tardón no admite demasiadas dudas: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alertaron en las vísperas de la invasión de Ceuta de lo que estaba por venir, con una sobresaliente minucia en los detalles y abundante material gráfico, pero el Gobierno no hizo otra cosa que defender hasta el aburrimiento a Marruecos, pese a que la Policía señaló directamente a la gendarmería de ese país como inductora del asalto.
Es estúpido divagar sobre si el Gobierno sabía lo que iba a ocurrir, porque resulta obvio, por lo que la única conclusión razonable es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez consintió la invasión. Esto nos sitúa delante de un delito de traición de libro. Puede sonar fuerte, pero si un Gobierno es conocedor de que su país va a ser invadido, no hace nada por evitarlo y, encima, defiende al invasor, se convierte en colaborador necesario. No hay otra.
De modo que, más allá de la crisis migratoria, estamos ante una descomunal crisis de Estado. Ante un Gobierno conjurado con una nación agresora para dejar que Ceuta fuera asaltada en masa por decenas de miles de inmigrantes ilegales manejados por el régimen de Rabat. Esos son los hechos y las consecuencias, en cualquier democracia, serían claras y rápidas: el Gobierno sería inmediatamente disuelto y sus miembros se enfrentarían a gravísimas responsabilidades penales. Sin embargo, el sanchismo ha pervertido la democracia a niveles rayanos en la obscenidad. Lo ocurrido en Ceuta no es impericia en la gestión, ni siquiera una negligencia; es otra cosa: es un Gobierno colaboracionista de Marruecos en su estrategia para hacerse con la soberanía de dos ciudades —Ceuta y Melilla— inquebrantablemente españolas. Y vamos a dejarnos de historias.
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