El Gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio de Transición Ecológica que preside Sara Aagesen tiene contra las cuerdas a 110 familias de Formentera afectadas por la modificación de los deslindes de la Ley de Costas ante la tramitación en el Congreso de la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ante este incierto panorama, el Consell de Formentera ha acogido a petición del diputado del PP en la Cámara Baja José Vicente Marí y del senador autonómico Miquel Jerez, una reunión de trabajo con representantes de los afectados por los deslindes de Costas en Formentera para abordar la situación de la isla ante los distintos cambios normativos que afectan al litoral.
El presidente del Consell, Óscar Portas, ha explicado que «la intención es poner en común cuestiones que hemos ido tratando en diferentes ocasiones con cada una de las partes y avanzar conjuntamente en la defensa de los intereses de Formentera».
Portas ha señalado que «cualquier modificación de la normativa de Costas debe tener en cuenta la realidad de Formentera y aportar seguridad jurídica a los residentes afectados».
Durante el encuentro, los afectados pudieron trasladar directamente a Marí Bosó y Jerez sus inquietudes ante las modificaciones legislativas que se encuentran en tramitación, así como aquellos aspectos que consideran necesario revisar para evitar situaciones de inseguridad jurídica.
Para el portavoz del PP en el Congreso, José Vicente Marí ha destacado que «las reivindicaciones de los afectados son conocidas desde hace tiempo. Ahora el reto es trabajar conjuntamente para convertirlas en soluciones concretas y hacerlas posibles».
Marí Bosó ha señalado que «esta reunión nos permite avanzar en esta dirección, escuchando directamente a los afectados y analizando con rigor las dificultades que afrontan y las consecuencias que han tenido los deslindes sobre sus propiedades y proyectos de vida».
Para el senador autonómico Miquel Jerez es de destacar «el hecho diferencial de Formentera en la necesaria protección del litoral, preservando los derechos de los propietarios y las actividades económicas que desde tiempo inmemorial se desarrollan en Formentera en un territorio frágil y limitado. Debemos tratar este hecho diferencial también en el marco de situaciones iguales que se producen en los territorios insulares del Estado».
Miquel Jerez ha insistido en que «muchos afectados no han podido decidir con normalidad sobre sus inmuebles ni planificar el futuro. Con sus aportaciones debemos encontrar la mejor respuesta a una situación que se ha alargado mucho».
El Consell de Formentera continuará manteniendo un contacto directo con los afectados y haciendo seguimiento de los diferentes procesos normativos que puedan tener incidencia sobre el litoral de la isla.
«Queremos que Formentera tenga una posición propia, compartida y sólida ante cualquier cambio normativo que afecte a nuestro litoral. La protección del litoral debe ser compatible con la seguridad jurídica de nuestros residentes y con el reconocimiento de las singularidades de Formentera», ha concluido Portas.
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