El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no oculta su estupor e indignación ante la negativa de nueve de los diez vocales del llamado bloque ‘progresista’, todos menos Carlos Hugo Preciado, a aprobar una declaración institucional de apoyo a la juez Beatriz Biedma. La instructora de la causa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido víctima de una campaña de acoso y hostigamiento presuntamente ordenada por las ‘cloacas’ del PSOE que ha provocado que Interior le haya tenido que poner escolta y que se haya personado como perjudicada en la causa que instruye el juez Pedraz. En conversación con ABC, los consejeros propuestos por el PP no salen de su asombro ante el desplante de sus colegas a la magistrada, que no tienen «ninguna duda» que viene motivado por la relación de Ferraz con este procedimiento, en el que, además de la ‘fontanera’ Leire Díaz, está imputado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la gerente del partido, Ana Fuentes, y el exjefe de Gabinete de Sánchez Juanma Serrano. El juez no ha descartado que, llegado el momento, impute al PSOE como persona jurídica por beneficiarse de la presunta actividad ilícita de la trama de las ‘cloacas’. Los vocales conservadores aseguran que los ‘progresistas’ no solo han vetado la aprobación del texto, sino que se han negado siquiera a debatir el asunto. «No alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ: la defensa de la independencia judicial », señalan, dejando constancia de una fractura interna que amenaza con paralizar la respuesta institucional del Consejo ante los ataques a la judicatura.Por su parte, fuentes del ala ‘progresista’ del Consejo justifican su postura en la necesidad de ser «prudente» y mantener «una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial». Añaden que el órgano de gobierno de los jueces «debe preservar y respetar la independencia de quienes investigan (en este caso el juez Santiago Pedraz) y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como una valoración anticipada de los hechos». El documento que los vocales ‘progresistas’ no quisieron ni siquiera debatir no era especialmente incisivo: manifestaba la «profunda preocupación» del órgano ante las presuntas actuaciones de intimidación sufridas por Biedma y su entorno «sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales». Se trasladaba a la juez «cercanía, solidaridad y respaldo institucional».»Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación», señalaba el texto que los ‘progresistas’ no han querido ni siquiera debatir«Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación», rezaba el texto propuesto por los diez vocales, que recordaba una máxima fundamental: «La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos».Un mensaje inequívoco El objetivo del grupo conservador era, según dicen los propios vocales, enviar un mensaje «inequívoco» a toda la carrera judicial para que jueces y magistrados sepan que «no están solos en la defensa de su independencia». El comunicado advertía de que, ante cualquier intento de perturbación, el Consejo ejercería «con firmeza» las competencias que la ley le atribuye para garantizar que los jueces puedan cumplir con su labor con «libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley». Y remataba con una advertencia clara: «Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de derecho».Lo cierto es que no era la primera vez que en el CGPJ se proponía una declaración institucional de este tipo al margen del amparo que puede pedir el juez de forma individualmente cuando se siente perturbado. Se ha hecho de forma genérica, ante ataques del Ejecutivo a jueces que instruían causas vinculadas al Gobierno, exigiendo un «respeto estricto» a la independencia judicial; y también de forma más específica, contra magistrados como Manuel García Castellón o Joaquín Aguirre respecto a descalificaciones concretas. Pero como recuerdan en el Consejo, aquí ni siquiera es una descalificación, sino algo mucho más grave: una juez a la que se hacen seguimientos y a la que se intenta «eliminar» por el hecho de estar investigando al hermano del presidente del Gobierno. La propia magistrada relató ante el juez Pedraz cómo se sintió perturbada e intimidada en su quehacer diario e incluso los seguimientos y la visita de un supuesto hermano (que no tiene) al colegio de sus hijas. Por eso entre los conservadores no se entiende la postura de estos nueve vocales si no es vinculándola a la «obediencia debida» al PSOE y a Bolaños. Precisamente este miércoles el ministro de Justicia también ha pedido prudencia en el marco de esta causa. «La justicia tiene que hacer su trabajo, tiene que investigar hasta el final, conocer qué ha sucedido y qué no ha sucedido», ha dicho en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha recordado que en esta campaña de acoso «no hay ningún indicio que señale al PSOE». La actuación de los nueve vocales no deja de resultar llamativa teniendo en cuenta que alguno de ellos ha llamado a Biedma a título individual para trasladarle su apoyo La actuación en bloque de estos nueve vocales resulta aún más llamativa teniendo en cuenta que, según ha podido saber ABC, alguno de ellos ha llamado a la juez Biedma a título individual para trasladarle su apoyo. Este bloque lo integran los mismos vocales a los que el también ‘progresista’ Carlos Hugo Preciado acusó de «subordinación» a Bolaños tras la apertura del año judicial: Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucía Avilés. Preciado, propuesto por Sumar, afeó a sus colegas su «seguidismo» gubernamental después de que instaran a la presidenta, Isabel Perelló, a que durante su discurso ante el Rey no cargara responsabilidades en el Ministerio.
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