86.000 euros, coche oficial y despacho propio: los privilegios de un sillón permanente en el Consejo de Estado

La inédita maniobra de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, para incapacitar a su predecesora, María Teresa Fernández de la Vega, ha disparado la rumorología en el seno del órgano consultivo, según ha desvelado este martes ABC . Más allá de la justificación por los prolongados problemas de salud de la exvicepresidenta, en el Consejo se da por hecho que el movimiento -anunciado por la propia Calvo en el último encuentro semanal el pasado 17 de septiembre- responde a una estrategia de supervivencia política ante la cercanía de elecciones generales. El objetivo de la exvicepresidenta primera del Gobierno apunta a hacerse con la silla de consejera permanente que dejaría vacante De la Vega, un cargo que otorga un blindaje absoluto y una serie de privilegios exclusivos.En el Consejo de Estado, la verdadera tranquilidad no reside en ostentar la presidencia, sino en la permanencia. La presidencia es un puesto de confianza política y su mandato expira cuando el Gobierno decide relevarlo o pierde las elecciones, mientras que los consejeros permanentes son inamovibles. Se trata de cargos vitalicios que solo se pierden por renuncia voluntaria, fallecimiento o, como se pretende aplicar ahora por primera vez en los 500 años de historia del órgano, por incapacitación legal.Quien ocupa un sillón permanente tiene garantizada una retribución fija con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En enero de 2020, el Real Decreto-ley 2/2020 fijó el sueldo de la presidencia -entonces ocupada por la propia Fernández de la Vega- en 85.196,88 euros brutos anuales , aunque varía con las actualizaciones presupuestarias.A esta salario estable de por vida se suma un importante despliegue de recursos públicos y honores protocolarios. Los consejeros permanentes ostentan el tratamiento de «Excelentísimo Señor» o «Excelentísima Señora». Disponen de un despacho propio en el Palacio de los Consejos, situado en la céntrica calle Mayor, en el Madrid de los Austrias. Asimismo, cuentan con personal de asistencia y secretaría para el desarrollo de sus dictámenes, y tienen asignado el uso de un vehículo oficial con chófer para sus desplazamientos institucionales.El valor de la permanenciaEste estatus contrasta con las condiciones del resto de los integrantes del pleno. El Consejo de Estado cuenta con otras dos categorías de vocales que carecen de este nivel protector y económico: los electivos y los natos.Los diez consejeros electivos son designados por el Consejo de Ministros por un periodo de cuatro años, lo mismo que dura una legislatura. Sus sillones están ocupados por ex altos cargos, como exministros, expresidentes autonómicos o antiguos magistrados del Tribunal Constitucional. A diferencia de los permanentes, este grupo no percibe una nómina mensual fija. Su remuneración se limita al cobro de dietas y no tienen garantizada su continuidad más allá del cuatrienio para el que fueron nombrados.Por su parte, los consejeros natos ocupan sus asientos de manera contingente. Su presencia en la institución está ligada al cargo que ostentan en otras instituciones. Es el caso de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López; o el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz. En el momento en que cesan en sus responsabilidades, pierden automáticamente su silla en el Consejo. Solo los expresidentes del Gobierno escapan a esta regla, ya que la ley les otorga la posibilidad de incorporarse como consejeros natos vitalicios si lo solicitan.Poder orgánico realMás allá de la retribución, el vehículo oficial y el despacho, el gran privilegio de tener un sillón vitalicio es el de tener poder orgánico real dentro de la arquitectura jurídica del Estado. El Consejo se divide en nueve secciones, y cada consejero permanente ostenta la presidencia de una de ellas. Este reparto implica que todo anteproyecto de ley o proyecto de reglamento que elaboran los distintos ministerios ha de pasar por sus manos antes de ser aprobado, ya que su función radica en evaluar este tipo de normas que emanan directamente del Ejecutivo antes de ser remitidas a las Cortes Generales (no obstante, en ningún caso emite dictámenes vinculantes, es decir, se trata de un órgano cuya función es meramente consultiva). En el caso de Fernández de la Vega, ocupa la titularidad de la sección séptima, encargada de fiscalizar los asuntos de Educación, Formación Profesional, Deportes y Cultura.La perpetuidad de este cargo convierte a los nueve consejeros permanentes en la columna vertebral del Estado. Su puesto sobrevive a los cambios en el Congreso de los Diputados, lo que convierte el sillón permanente en un refugio para quienes buscan asegurar una posición ante un final de ciclo político.