Vox lleva al máximo la judicialización como arma contra Sánchez: decenas de querellas contra el Gobierno y su núcleo duro

Querellas como herramienta de oposición . Vox ha convertido los juzgados en su principal trinchera de oposición a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno rodeado de casos de supuesta corrupción. Tres días después de estallar la crisis en Ceuta, presentaron una denuncia contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez y llevaron a la Fiscalía las agresiones sexuales denunciadas desde la entrada masiva. Antes de la crisis migratoria, la última querella anunciada por los servicios jurídicos del partido, liderados por Marta Castro, fue la presentada contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que intervino la Policía Nacional en su despacho.Esta estrategia promovida por los de Santiago Abascal no es nueva: forma parte de su 'modus operandi' desde hace años. Por ejemplo, en 2018, tras desvelar este diario el plagio que llevó a cabo Pedro Sánchez en su tesis doctoral, Vox se querelló contra el líder del Ejecutivo por un posible delito de falsedad documental, así como por prevaricación administrativa y cohecho por «promocionar » profesionalmente a su mujer.No sería la única querella impulsada por Vox, ni la única dirigida contra Sánchez. Durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, la formación inició acciones legales contra el líder del Ejecutivo por la «imprudencia grave con resultado de muerte» de su Gobierno.Uno de los ejes principales de las querellas de los de Abascal ha sido el independentismo catalán. También en 2020 iniciaron acciones legales por tráfico de influencias para obtener la abstención de Esquerra Republicana en su investidura; en 2022, el partido la presentó contra el presidente por «conspiración para delinquir» tras la reforma del Código Penal para la eliminación del delito de sedición y reforma del delito de malversación; en 2023 por cohecho, colaboración con el terrorismo y usurpación del Poder Judicial tras hacerse públicas las negociaciones con Carles Puigdemont por la ley de amnistía.Con los casos de corrupción que azotan actualmente al Gobierno también impulsaron querellas. En 2025, anunciaron una nueva oleada judicial contra Sánchez por revelación de secretos tras conocerse que informó al exministro José Luis Ábalos acerca de la investigación de la Guardia Civil a Koldo García; en noviembre de ese mismo año, acusaron al secretario general del PSOE de haber mentido en el Senado durante su comparecencia en la comisión de la trama Koldo. A estas se suman querellas contra su esposa, Begoña Gómez, a quien la Audiencia Provincial ha confirmado enviar a juicio por tráfico de influencias y malversación. Los de Abascal anunciaron acciones legales en junio de 2024 por tráfico de influencias, en abril de ese mismo año por malversación y prevaricación y en abril de 2025 por cohecho. Vox ejerce, además, como acusación popular en la causa contra la pareja de Sánchez. Delcygate y Álvaro García OrtizTras conocerse el viaje a España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez —líder actual del régimen tras la encarcelación de Nicolás Maduro en enero—, Vox impulsó acciones legales contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por un presunto delito de «prevaricación administrativa» tras el encuentro entre ambos en Barajas. En este caso, los de Abascal buscaban asegurar que las pruebas no fuesen destruidas. Por esta trama también interpusieron una acción penal en contra del exasesor de Ábalos, Koldo García, por prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y usurpación de atribuciones tras hacerse público que acompañó a la vicepresidenta venezolana durante todo el transcurso de su visita a España. Koldo García y Begoña Gómez fueron protagonistas de nuevas acciones legales de Vox en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Los servicios jurídicos de la formación afirmaron que existía una presunta implicación en el rescate de la esposa del presidente; mientras que el exasesor de Ábalos habría llevado a cabo delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho para lograr la ayuda millonaria del Gobierno, según la formación.Las revelaciones por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acerca de las reuniones de la presunta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, con Diego Villafañe, quien fue la mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, también han servido a Vox para regresar a los juzgados. Tras conocerse la información, acusaron penalmente a García Ortiz por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.Desde hace años, Vox ha utilizado la estrategia judicial como piedra angular de su oposición al Gobierno de Sánchez. En muchos de los casos, anuncian el inicio de procedimientos legales contra los implicados en casos de supuesta corrupción en el Ejecutivo, pero evitan comunicar la evolución de las mismas. El Tribunal Supremo, en enero de este año, inadmitió la acción legal del partido de Abascal contra Sánchez por revelación de secretos; en febrero, tumbaron otro procedimiento legal iniciado por Vox contra el líder del Ejecutivo por delito de conspiración para la rebelión ya que, según comunicaron, no existía «base alguna, mínimamente sólida», para considerar que los querellados estuviesen delinquiendo. Vox no es la única formación política que inicia acciones legales contra rivales políticos. El PSOE se querelló en septiembre de 2025 contra Abascal por delito de odio, injurias y amenazas, aunque también fue archivada por el Supremo. Rechazó de la misma forma una acción judicial de los socialistas contra la exdiputada Macarena Olona. Acusación popularEl equipo jurídico de Vox se ha personado como acusación popular en la mayoría de causas que afectan al Gobierno y al núcleo cercano de Sánchez. En 2017 lo hicieron contra los líderes del 'procés' en el Tribunal Supremo. Fue el juicio más conocido en el que han participado. Finalmente se condenó a nueve de los acusados, aunque el magistrado Manuel Marchena dejó por escrito en la sentencia que era « perturbador » que partidos políticos ejercieran como acusación popular porque mezclaban la batalla política con la judicial. Vox se ha personado en el caso contra Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla; en el caso de las Mascarillas ya juzgado; en el caso de enchufismo laboral del hermano de Sánchez, condenado por prevaricación o en la trama Plus Ultra que afecta a Zapatero. Los de Abascal hicieron público que su formación se personaría como acusación popular en el juicio por corrupción de las mascarillas de la Diputación de Almería, que involucró a líderes del PP regional o el caso de la 'fontanera' Leire Díez, en instrucción en la Audiencia Nacional. Una constante campaña judicial para crear oposición no solo contra el Ejecutivo y el PSOE, también contra la otra pata del bipartidismo: los populares, quienes, según Pepa Millán, han «edificado» un sistema corrupto juntos.