Sánchez utiliza al Rey

Pedro Sánchez ha elegido la entrevista con la que inauguraba el curso político en la cadena Ser para introducir al Rey en la polémica sobre su gestión de la crisis de Ceuta. Lo hizo de manera premeditada y expresa: «Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de veinte años. ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta o Melilla?». Felipe VI reina desde junio de 2014, es decir, desde hace doce años. Sánchez erró en el dato mientras ironizaba precisamente sobre quienes consideran excesivos sus ocho años en la Moncloa. El error sería anecdótico si no supusiera una comparación insólita y, sobre todo, improcedente entre el jefe del Ejecutivo y el jefe de Estado, dos niveles jerárquicos absolutamente diferentes en nuestro ordenamiento constitucional. Sánchez utilizó a Felipe VI como comodín para desviar el debate sobre su falta de acierto ante una crisis que este fin de semana cumplió un mes y que mantiene a Ceuta sometida a una extraordinaria presión social, económica y de seguridad. El Gobierno dice que todavía permanecen en la ciudad unos 5.000 inmigrantes, pero las autoridades locales creen que son muchos más.Pero la comparación encierra algo más: aflora un reproche inédito hacia Felipe VI que Sánchez había mantenido hasta ahora fuera de su discurso público, aunque uno de sus ministros –Óscar Puente– haya ido preparando el terreno en las últimas semanas. No resulta aventurado recordar el contraste que dejó Paiporta durante la trágica dana de 2024: los Reyes decidieron permanecer junto a los vecinos pese a recibir barro e insultos, mientras el presidente fue evacuado por su dispositivo de seguridad. Más recientemente, el pasado 1 de agosto, el Monarca reclamó que el Estado garantice la seguridad de Ceuta y Melilla y evitase la repetición de unos hechos que causaron decenas de muertos. Este pronunciamiento excepcionalmente directo fue subrayado seis días después cuando Felipe VI recibió en Marivent a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, quien explicó después que el Monarca le había transmitido personalmente su voluntad de visitar la ciudad. El Gobierno sostuvo entonces que ese viaje se produciría «cuando sea oportuno» y en «coordinación absoluta» con la Casa del Rey.Esta última declaración desmonta por sí sola el reproche formulado por Sánchez. El Rey no diseña una agenda política propia ni decide unilateralmente desplazamientos de semejante trascendencia. En una monarquía parlamentaria, la actuación del Jefe del Estado está sometida al marco constitucional y al refrendo del Gobierno. De los doce años que Felipe VI lleva en el Trono, ocho han transcurrido además con Sánchez en la Moncloa.Sánchez recurre a una comparación impropia con Felipe VI para eludir sus responsabilidades en la crisis de CeutaEl presidente del Gobierno conoce, por otra parte, la sensibilidad que Marruecos atribuye a cualquier gesto de la Corona española hacia las ciudades autónomas. Juan Carlos I se convirtió en noviembre de 2007 en el primer jefe del Estado que visitaba Ceuta en 74 años. Rabat llamó entonces a consultas a su embajador, que permaneció 65 días fuera de Madrid, y suspendió diversas reuniones bilaterales para indicar su malestar. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defendió aquel viaje como un ejercicio de «normalidad institucional», pero hubo diputados socialistas que criticaron la oportunidad de la visita. Resulta por ello especialmente contradictorio que Sánchez reproche ahora al Rey su ausencia de Ceuta, sabiendo que no puede ir por iniciativa propia, mientras extrema la cautela con la Monarquía marroquí y exculpa a Rabat de toda responsabilidad en la actual crisis, alegando que no existe información de Inteligencia que pruebe su participación.Sánchez tiene derecho a considerar, en contra de toda evidencia, que su gestión de la crisis no merece reproche. Lo que no puede hacer es utilizar al Rey como parapeto frente a las críticas. La Corona no está para cubrir las responsabilidades del Gobierno ni para ser incorporada a una controversia partidista. Si Felipe VI debe visitar Ceuta, corresponde al Ejecutivo facilitarlo y preparar el terreno diplomático para mitigar las consecuencias. Lo demás es trasladar al jefe del Estado una responsabilidad que constitucional y políticamente sólo compete al presidente del Gobierno.