Abogacía del Estado y Gobierno vasco intentaron frenar el juicio del troceo de la Seguridad Social

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado y el Gobierno vasco contra la asociación Impulso Ciudadano, que tiene recurrido el troceo y traspaso de tres materias de la Seguridad Social al País Vasco previo pacto de Pedro Sánchez y el PNV. El Alto Tribunal considera legítima a esta plataforma ciudadana para cuestionar la transferencia de la protección por desempleo (nivel contributivo y asistencial), las prestaciones familiares no contributivas, el subsidio por nacimiento y cuidado de menores no contributivo, y el seguro escolar. Según ha podido saber ABC, el pasado 22 de julio la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS rechazó que Impulso Ciudadano carezca de interés legítimo para hacerlo, como le reclamaban, por lo que l a tramitación de sus recursos contra esta cesión acordada por el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico continúa en el tribunal.Desde junio de 2024 (cuando Imanol Pradales tomó posesión como lendakari) a abril de 2026, el Gobierno vasco cuenta veintidós traspasos de competencias —o de parte de su gestión— acordados con el central. La Comisión Mixta de Transferencias ha sido el escenario, con las conversaciones produciéndose tras el telón y las partes tratando de cumplir lo comprometido por Sánchez a cambio de los votos del PNV en su última investidura como presidente del Gobierno. Ahora, ante la cercanía de las elecciones generales, la hoja de ruta que contempla el Gobierno vasco, donde faltan ocho materias para «completar» el Estatuto de Autonomía de 1981, ha entrado en vía muerta. Queda en el aire, por ejemplo, el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, que, sin embargo, se ha ido desgajando en una estrategia acordada el pasado verano.Sin opción de abordarlo al completo, seis meses después de que ambos se reunieran el 16 de julio de 2025 en el Palacio de la Moncloa, en enero se sellaba la transferencia al País Vasco de las tres materias mencionadas en el primer párrafo de la información. El traspaso de ocho inmuebles y 462 plazas de funcionarios vinculados al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), además del coste de las ayudas citadas, quedaban comprometidos por los decretos y las órdenes ministeriales publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de marzo. Sin embargo, en mayo de este año, el Tribunal Supremo abrió la puerta a juzgar la legalidad de dichas resoluciones administrativas admitiendo a trámite los recursos presentados por Impulso Ciudadano, denunciando «desigualdades territoriales» y el quebranto de la «caja única» de la Seguridad Social. Un cambio de estatutosMiembros de esta asociación, surgida en 2009 en Cataluña, planteaban incluso la posibilidad de que se decretara la suspensión cautelar de los traspasos antes de que Abogacía del Estado y Gobierno vasco contestaran a la demanda. Principalmente, debido a la fecha de receptividad de las transferencias, que, según lo firmado en el BOE, deberían entrar en vigor a primeros de enero de 2027. Finalmente, la Abogacía y los servicios jurídicos del Ejecutivo liderado por Imanol Pradales dieron un paso previo a finales de junio, acusando a Impulso Ciudadano de falta de legitimidad. El argumento principal era que el 8 de noviembre de 2025 (antes de la aprobación de los decretos de traspaso y las órdenes ministeriales) cambió sus estatutos incluyendo un apartado específico sobre la Seguridad Social. Este le atribuye como misión «ejercitar acciones y promover iniciativas en defensa del mantenimiento y gestión del sistema de Seguridad Social y de los servicios públicos esenciales frente a procesos de fragmentación o transferencia competencial que menoscaben su integridad y universalidad». Tras el análisis jurisprudencial y particular del caso, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado que Impulso Ciudadano «cuenta una trayectoria continuada, manifestada en las diversas actividades y realizaciones» por lo que su interés o no legítimo no puede examinarse únicamente por esa «autoatribución estatutaria» denunciada por la Abogacía del Estado y el Gobierno vasco. En consecuencia, desestimó las alegaciones presentadas por ambos dejando vivo el procedimiento. De esta forma, ahora, deberán dar contestación a la demanda presentada por la asociación . Se trata del siguiente trámite antes de pasar a juzgar si el traspaso troceado de la Seguridad Social pactado por Sánchez y sus socios nacionalistas es legal. Con el verano de por medio, los pasos en este proceso, que tanto Abogacía del Estado como el Gobierno vasco han tratado de frenar de forma anticipada apuntando a la falta de legitimidad de Impulso Ciudadano, continuarán en el otoño y marcados por unos tiempos que se prevén contra el reloj dada la aproximación de la fecha de entrada en vigor predispuesta. Será entonces cuando su efectividad o no, dependiendo del Supremo, ponga a prueba la capacidad del PNV para hacer cumplir al presidente del Gobierno con lo comprometido a cambio de su apoyo.