La mayoría de los españoles quiere que los pesticidas desaparezcan del campo. Casi siete de cada diez (68%) son partidarios de eliminar por completo su uso en la agricultura, justo cuando Europa negocia un paquete legislativo que podría autorizarlos sin fecha de caducidad.
Así lo refleja una encuesta realizada por YouGov para la red PAN Europe en siete países europeos (Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia y Rumanía), que dibuja un rechazo a estas sustancias tóxicas con independencia de la ideología política de los encuestados.
En España, un 32% pide suprimir los pesticidas de forma inmediata, porque ya existen alternativas, y otro 36% prefiere hacerlo de manera progresiva. Sólo un 11% cree que no deberían eliminarse y apenas un 3% defiende que se incremente su empleo.
Un rechazo casi unánime
Los resultados chocan de frente con los planes de la Comisión Europea, materializados en la propuesta Ómnibus X de Seguridad Alimentaria y de Piensos, más conocida como «Ómnibus de pesticidas», que según sus críticos debilitaría la protección de la salud y del medioambiente.
Entre sus medidas más controvertidas figura la concesión de autorizaciones ilimitadas a los pesticidas, sin la revisión periódica que hoy obliga a reevaluar cada sustancia a la luz de la nueva evidencia científica sobre sus riesgos.
A esa barra libre se opone el 94% de los españoles, y sólo un ínfimo 6% la respalda. Es más, la mitad (50%) quiere que las autorizaciones se revisen con más frecuencia de lo que marca hoy la ley. En el resto de países, el rechazo oscila entre el 90% y el 96%.
Autorización ilimitada para 200 pesticidas
Tras pasar por el Consejo de la UE, donde los Estados miembros fijaron su posición a finales de septiembre, el paquete legislativo se negocia ahora en el Parlamento Europeo, con una votación prevista para diciembre, aunque el calendario aún no está cerrado.
Primero tendrán que pronunciarse de forma conjunta las comisiones de Agricultura (AGRI) y de Medio Ambiente (ENVI) de la Eurocámara, y después el pleno. La inquietud ha crecido tras trascender un borrador de informe parlamentario con propuestas aún más duras.
Ese documento aboga por conceder la autorización ilimitada a cerca de 200 pesticidas, prácticamente la mitad de los que se emplean en la UE. Sólo quedarían fuera, en principio, las sustancias más peligrosas, como las cancerígenas, las mutágenas o las disruptoras endocrinas.
Más años sin revisión
La posición del Consejo, presentada como una leve mejora, tampoco convence a las organizaciones ecologistas. Aunque limita las aprobaciones ilimitadas a las sustancias de «bajo riesgo», alarga mucho el tiempo que un pesticida puede usarse sin que se revise su permiso.
En concreto, eleva de 10 a 15 años el plazo hasta la primera revisión de un pesticida que se aprueba por primera vez, y de 15 a 25 años el de los que ya están en circulación. Un cuarto de siglo sin poder revisar su autorización, aunque surjan pruebas de daños.
Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, que colabora con PAN Europe en España, denuncia que aprobar medidas como esa «supondría un retroceso sin precedentes en la protección de la salud humana y del medioambiente».
Un desprecio a la ciudadanía
Para De Prada, la propuesta supone además «un desprecio al sentir de la población que, como han reflejado las más diversas consultas realizadas hasta ahora, está muy preocupada por la presencia de estas sustancias tóxicas en los alimentos».
Los Eurobarómetros de los últimos años lo confirman: los residuos de pesticidas figuran entre las principales preocupaciones de los europeos en materia de seguridad alimentaria, una inquietud que se ha repetido en las sucesivas consultas de la UE.
La ambientóloga Kistiñe García, coordinadora del grupo de sustancias tóxicas de Ecologistas en Acción, lamenta que «la propuesta de desregulación de los plaguicidas se abra paso en el Parlamento Europeo de la mano de grupos políticos que no escuchan la opinión de sus propios votantes y de la ciencia».
Del PP a Sumar
«Como muestra la encuesta, la oposición a los pesticidas es transversal, con independencia del color político», recalca García. En España, rechazan las autorizaciones ilimitadas el 94% de los votantes del PP, el 95% de los del PSOE, el 93% de los de Vox y el 95% de los de Sumar.
La eliminación total de los pesticidas también suma mayorías en todo el arco político: la apoya el 63% de los votantes del PP, el 71% de los del PSOE, el 64% de los de Vox y el 83% de los de Sumar.
Llama la atención que un 34% del electorado de Vox pida suprimirlos de inmediato, por encima de la media española (32%), aunque sus representantes en Europa están impulsando las medidas más desreguladoras del Ómnibus.
Tres años más de exposición
El borrador que circula por la Eurocámara incluye otras medidas inquietantes. Una de ellas, explica García, es que «una vez que se prohíba un pesticida por su peligrosidad, en lugar de ser retirado de inmediato, pueda seguir siendo empleado durante tres años más».
Eso alargaría «innecesariamente la exposición de la población», añade. «Esta propuesta ha sido recientemente aprobada por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, con el voto favorable de socialistas, populares y ultraderecha», subraya.
El texto plantea también ampliar de 7 a 15 años la autorización de los pesticidas «candidatos a la sustitución», conceder permisos de forma tácita si no hay respuesta en 120 días y extender las autorizaciones de emergencia a todos los países de una misma zona.
La salud, lo primero
El documento abre incluso la puerta a autorizar pesticidas que no cumplan los criterios oficiales de seguridad, haciendo caso omiso de los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y atendiendo a pretendidas razones «socioeconómicas».
Una opción que contradice el sentir ciudadano: tres de cada cuatro españoles (75%) creen que la protección de la salud debe ser lo primero a la hora de aprobar o renovar un pesticida. Le siguen la contaminación de las aguas (45%) y los daños a la biodiversidad (39%).
Muy por detrás quedan su eficacia contra las plagas (30%), los suelos (17%), la productividad (16%), el precio de los alimentos (15%) y los costes de producción (9%). En ningún país hay un grupo de votantes que priorice los criterios económicos o agronómicos.
La ONU y los endocrinólogos
Cuatro relatores especiales de la ONU, sobre alimentación, salud, sustancias tóxicas y medioambiente, han dirigido una comunicación a la UE en la que advierten de que el Ómnibus puede «desmantelar salvaguardias fundamentales» de la legislación europea.
También se oponen la Endocrine Society, que representa a miles de endocrinólogos en todo el mundo, la Sociedad Europea de Endocrinología (ESE) y la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE), que recuerdan que muchos pesticidas son disruptores endocrinos.
Según la Endocrine Society, las revisiones programadas han permitido prohibir 10 plaguicidas con propiedades de alteración endocrina desde 2011. Con permisos ilimitados, aunque se acumulasen pruebas de sus daños, podrían seguir usándose sin posibilidad de retirarlos.
Científicos contra el Ómnibus
La Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental (ISEE) ha mostrado su «profunda preocupación» y pide que «se suspendan las negociaciones sobre el paquete legislativo Ómnibus de pesticidas hasta que un organismo independiente realice una evaluación de impacto exhaustiva».
Los epidemiólogos alertan de efectos adversos sobre los sistemas nervioso, reproductor y cardiovascular, y recuerdan que la reevaluación periódica ha llevado a retirar 31 pesticidas, entre ellos el clorpirifos y varios neonicotinoides y piretroides.
A ellos se suman centenares de científicos de toda Europa, más de 500 en un primer momento, que han firmado una carta impulsada desde la Universidad de Leiden y dirigida a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, para pedir que se paralicen los trámites.
Más voces en contra
Incluso la propia EFSA ha expresado su oposición: sostiene que incorporar 50 expertos más y rechazar con más rigor los expedientes incompletos de la industria permitiría resolver el retraso acumulado en unos tres años, algo que no logrará la pretendida «simplificación».
Parkinson’s Europe, que agrupa a 20 organizaciones nacionales, recuerda que los pesticidas se han asociado al párkinson en agricultores, y la patronal europea del agua potable, Eureau, advierte de que varios cambios «podrían debilitar la protección de los recursos hídricos potables».
Quien contamina no está pagando
Los costes son otro frente. El think tank Systemiq calcula que los pesticidas generan un coste sanitario global de unos 816.000 millones de dólares al año, unos 700.000 millones de euros. Para García, esa factura deberían asumirla «las industrias que se benefician con el uso de estas sustancias tóxicas».
«Y no, como hoy sucede, el conjunto de los ciudadanos con sus impuestos y su salud», añade. Los españoles coinciden: un 40% cree que deben pagar las empresas que fabrican y venden pesticidas, un 12% los agricultores que los usan y otro 12%, el Estado.
De Prada recuerda que en 2020 la Comisión Europea se comprometió, dentro de la estrategia De la Granja a la Mesa, a reducir un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas para 2030 y a que un 25% de la superficie agraria de la UE fuese ecológica.
El lobby de los pesticidas
«Sólo la influencia ilegítima que han ejercido ciertas empresas puede explicar lo que está sucediendo», denuncia De Prada, para quien la Comisión ha dado «un giro tan radical, de 180 grados, en su postura, pasando a promoverlo de la forma más irresponsable e insegura».
Un reciente informe de Corporate Europe Observatory sostiene que el lobby de los pesticidas, con Bayer, BASF, CropLife Europe y Copa-Cogeca, no se habría limitado a presionar, sino que habría llegado a redactar partes del Ómnibus.
La organización cotejó las exigencias de la industria con el texto y con las enmiendas de los eurodiputados Herbert Dorfmann (PPE) y Michele Picaro (ECR), y concluye que «en algunos casos, la redacción es prácticamente idéntica palabra por palabra».
Principio de precaución
De Prada lamenta que «ni las organizaciones de la sociedad civil ni la comunidad científica, aunque defiendan la evidencia y el bien común, tengan los recursos de los que disponen esas grandes empresas para realizar labores de lobby sobre la política europea».
Para García, «se está desoyendo la voz de la ciencia de forma temeraria», en una estrategia que antepone «los intereses particulares de algunas industrias fabricantes de venenos agrarios a la salud humana y de los ecosistemas».
«Estamos ante unas sustancias que han sido diseñadas, específicamente, para dañar organismos vivos y debería aplicarse un principio de precaución», concluye la portavoz de Ecologistas en Acción.
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