La crisis en Ceuta sigue enquistada y el Gobierno apenas acierta a dar un horizonte temporal —que fija tentativamente a finales de año — para tratar de «estabilizar» la situación. Fuentes gubernamentales confirman que se «va a tardar en recuperar la normalidad» y que su aspiración más inmediata es ir acelerando los trámites para reubicar a los migrantes, primero; de manera que se les pueda filiar, después; y así avanzar en los trámites para su expulsión, si procediera. Sin embargo, esa celeridad no se ha producido en las primeras semanas de la emergencia, entre otras eventualidades, por las «controversias» que han surgido entre la administración central y la ceutí. Hasta este lunes no se han empezado a cursar los expedientes relativos a los menores que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La razón: un conflicto competencial entre Moncloa y el gobierno de Juan Jesús Vivas sobre quién debía hacerse cargo de la representación letrada que debía asistir a estos menores a la hora de cursar sus respectivos casos. Esto ha hecho que permanezcan en un limbo legal durante un mes y medio. Así lo ha reconocido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la emergencia, y que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reveló que ya se han comenzado a tramitar los «diez primeros expedientes» este lunes. Torres confirmó que se encuentran «ante una controversia, porque la ciudad de Ceuta afirma que eso es competencia del Gobierno central y lo que expone la Abogacía del Estado [representante jurídico del Gobierno] es que son competencia de la comunidad autónoma». En todo caso y a la espera de que sea la Justicia quien dirima de quién es la responsabilidad, el Gobierno ha decidido «poner los fondos de manera inmediata» para desbloquear la situación de los menores. La inyección de recursos alcanza los dos millones de euros y se aprobó hace 15 días, según señaló el ministro, pero no fue hasta este lunes cuando se «conformó el convenio para que el Colegio de Abogados esté presente en las entrevistas de los menores». El Pacto de Asilo y Migración aprobado este verano obliga a que los niños y niñas cuenten con la figura de un representante jurídico que esté presente en las entrevistas que se les realicen para determinar su futura situación. Hasta ahora, se ha atendido a 2.048 y desde el 30 de julio se ha filiado a 1.612.Más allá de los menores, las cifras que deja la gestión de Ceuta siguen siendo de efecto limitado. El número de triajes a adultos se reduce a 1.822 y 5.500 han retornado de forma voluntaria desde el 10 de agosto. El total de expulsiones asciende a 307 personas, que han cometido algún delito y existe autorización judicial para su salida. Además, 100 migrantes han renunciado al derecho internacional que les asistiría para pelear su estancia en España. Desde el Gobierno aseguran que la mayoría de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta no van a tener este aval legal para permanecer en nuestro país y esto supondrá la expulsión. Sin embargo, los trámites se dilatarán durante meses. «El proceso no es corto, aunque estamos tratando de acortarlo», señalan en Moncloa, donde exponen un complicado horizonte burocrático. Una vez que se produce el primer paso, que es el triaje, los expedientes se deben fundamentar en varias fases, con la entrevista por la Policía, la entrada en juego de la Oficina del refugiado y dando después tiempo a las alegaciones, donde ya se pasaría al ámbito judicial.
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