Uno de los decretazos que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al caso Maricarmen excluye de la nueva regulación de suspensión de desahucios para propietarios a las empresas públicas de vivienda social, de modo que estas sí podrán promover desalojos.
Fuentes de la dirección del PP denuncian este doble rasero del Ejecutivo, y critican que el Gobierno no se haya aplicado la misma normativa en materia de suspensión de desahucios que ha impuesto a los propietarios. «Ahora, a través de Casa 47 o la Sareb, el Gobierno sí podría promover desahucios», critican las fuentes populares consultadas, que califican este criterio dispar de «vergonzoso».
En concreto, las fuentes de Génova remiten a la letra pequeña del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
Este precepto, que regula la «suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativas habitacionales», y que va dirigido contra aquellos propietarios que adquieren esos inmuebles «por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado», dice que no aplicará este régimen a empresas públicas de vivienda social.
La literalidad de esta excepción es la siguiente: «En todo caso, sin resultar de aplicación a entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público, cuya finalidad es la promoción y la gestión de vivienda social y asequible».
De esta manera, desde el PP entienden que tanto Casa 47, el chiringuito del Ministerio de Vivienda para «consolidar una inversión en vivienda pública continuada y sostenible», que ya cuenta con más de 600 inmuebles, como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que posee también miles de viviendas sociales, podrán promover los desahucios que ahora se quieren suspender en el caso de propietarios privados.
Asimismo, los populares critican que este decreto «no amplía la oferta de vivienda, no está concebido para mejorar la situación de la vivienda», enfatizan. Y ello, añaden las fuentes, pese a que el texto reconoce dicha falta de oferta varias veces. Sin embargo, «no hay nada en él que hable de cómo afrontar la construcción de más vivienda», reprueban las mismas fuentes.
La Vicesecretaría de Economía del PP, que dirige Juan Bravo, maneja las estimaciones del Banco de España, que ha señalado que se necesitan más de 750.000 viviendas para contrarrestar el déficit actual, proyectando que en 2028 la cifra superará el millón. De ahí que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya adquirido el compromiso electoral de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura si consigue llegar a la Moncloa. Una apuesta que también generaría aproximadamente 700.000 empleos.
En este contexto, los populares recuerdan que en 2025 se construyeron en España poco más de 90.000 viviendas, cuando, en realidad, «se necesita construir a un ritmo mucho mayor, al menos 250.000, para aliviar la crisis del mercado inmobiliario a medio plazo».
Precios disparados
Además, desde el principal partido de la oposición inciden en que, en los últimos años, el precio del alquiler de vivienda ha crecido un 44%, y el de venta, un 74%. «Un piso que antes costaba 200.000 euros, hoy ya supera los 300.000», recalcan.
«La escasez de viviendas provoca que los precios en alquiler y en compra, suban de forma alarmante. Los altos impuestos y los bajos salarios propician que, para la mayoría de los ciudadanos, el acceso a la vivienda sea una misión imposible, un bien de lujo», exponen.
Ante ello, el PP apuesta por la adopción urgente de medidas como movilizar suelo público; reducir drásticamente los trámites administrativos; impulsar una ley del suelo que aporte seguridad jurídica, incluyendo una ley antiokupación; rebajas fiscales para comprar vivienda, como rebajar el IVA de vivienda nueva del 10% al 4% para los jóvenes; incentivos para rehabilitar viviendas vacías, cascos históricos y barrios vulnerables; fomentar la colaboración entre administraciones y sector privado para aumentar el ritmo de construcción, o potenciar proyectos para viviendas industrializadas, entre otras medidas.
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