El futuro de las pensiones, a debate: qué están haciendo otros países de Europa para garantizar la jubilación

El debate de las pensiones ha entrado en camapaña electoral. La sostenibilidad del sistema y cómo garantizar su futuro es siempre una de las temáticas que más interés suscita y con la convocatoria de elecciones los partidos comienzan a lanzar sus propuestas.Para 2027 quienes ya están jubilados tendrán una revalorización de su pensión conforme a la inflación de los últimos 12 meses, como marca la ley. A quienes les queda poco verán algunos cambios como por ejemplo modificaciones en la edad de jubilación, que sube a partir del año que viene. Pero el debate entre los expertos se sitúa sobre todo en cómo garantizar las pensiones del futuro, las de aquellas personas a las que todavía les quedan años 10, 20 o 30 años por cotizar. ¿Qué están haciendo algunos países de nuestro entorno? Muchos de ellos apuestan por el llamado segundo pilar , es decir, el ahorro colectivo promovido por las empresas en beneficio de sus trabajadores.Países como Reino Unido o Alemania refuerzan esta vía , aunque en nuestro país no está todavía tan desarrollada. Solo un 15% de la población ocupada tiene un plan de empleo frente al 28% en la UE. Se debe, sobre todo, a los condicionantes propios del contexto español que van desde el elevado peso del sistema público hasta la limitada cultura financiera.La Comisión Europea señala a España como uno de los países con un desarrollo más limitado de las pensiones complementarias y uno de los más sometidos a presiones fiscales. Pero también es uno de los que tiene mayor potencial de crecimiento.¿Qué están haciendo otros países de Europa?Países como Reino Unido, Irlanda, Suecia, Países Bajos o Alemania han desarrollado soluciones alternativas para impulsar la previsión social complementaria. Son medidas entre el primer pilar (el sistema público) y el tercero (los planes individuales).Reino UnidoEste país ha apostado con fuerza por la adscripción automática de en un plan de empleo . El sistema permite que aquellos trabajadores que no quieran pertenecer a ese plan de pensiones de su empresa pueden salir de manera voluntaria.Las características de ese país hace que el 90% de sus trabajadores sean elegibles y puedan beneficiarse de esos planes de empleo. Las aportaciones son compartidas entre el empleador y el trabajador, se calculan sobre los ingresos del trabajador que dan derecho a pensión y se realiza por fases.IrlandaDesde enero de 2026, en Irlanda se aplica un nuevo sistema estatal obligatorio de 'auto-enrolment'. La inscripción se realiza automáticamente en un sistema estatal, la posibilidad de salida voluntaria es limitada y la aportación se realiza entre el Estado, la empresa y el trabajador.Aunque es pronto para evaluar el éxito de este nuevo sistema, en la primera oportunidad de salida voluntaria hubo menos de un 4% de bajas, como recoge el informe de Mutua Madrileña.SueciaEste país se aleja un poco más de los dos planteamientos anteriores y centra su propuesta en el ámbito del convenio colectivo y sectorial.Los planes de empleo están pactados por convenio colectivo, los gestionan la patronal y los sindicatos. Aunque estas 'pensiones de convenio' no son obligatorias por ley, el sistema está muy extendido ya que el 90% de los asalariados cuentan con convenios colectivos.Otro de los pilares del modelo sueco es la transparencia. Aunque esto por sí solo no genera un impacto en la pensión, sí refuerza la cultura financiera. De hecho es habitual recibir el llamado 'sobre naranja' que envían las autoridades donde se muestra el dinero acumulado, la rentabilidad de los fondos y el cálculo estimado de la futura pensión. La diferencia de este sobre respecto a otros modelos como el de España, donde también se pueden consultar estimaciones de la pensión que se recibirá, es la mayor simplificación de acceso a esos datos.AlemaniaEn Alemania, el modelo de pensión de empleo está pactado por convenio y con las últimas reformas el sistema permite extender este derecho a empresas sin convenio.Esos planes sectoriales se pactan con los agentes sociales y existe una contribución definida. Las últimas reformas también contemplan incentivos a empleadores que aportan por rentas bajas. La inscripción a estos planes se realiza con opción de salida dentro del modelo. En la actualidad, un 50% de los trabajadores tienen derecho a disfrutar de estos planes de pensiones.Países BajosEn este país existen convenios sectoriales de adhesión obligatoria. Los fondos de pensiones están organizados por el sector y son pactados entre sindicatos y empresarios. La última reforma se encamina a que la contribución definida de modo que pensión final depende de las cotizaciones acumuladas por el trabajador y su empleador, así como de la rentabilidad que obtengan los mercados financieros.Aproximadamente el 90% de los asalariados tiene una pensión de empleo.AustraliaFuera de Europa, en la presentación del estudio se destacó también el modelo australiano. En este caso existe lo que se conoce como 'Superannuation Guarantee', una aportación obligatoria empresarial sobre el salario.Se incentiva también la aportación individual del trabajador y el ahorro se guarda en fondos privados, que elige el empleado, durante su vida laboral. La acumulación es sistemática y continua y una de las claves del sistema es que ya suponen un 150% del PIB, es decir, ha alcanzado un volumen relevante por lo que estos fondos contribuyen también a financiar la economía.¿Hay algo parecido en España?El informe pone en valor la experiencia en el País Vasco donde hay Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), instrumentos de ahorro complementarios a la Seguridad Social, de carácter privado y sin ánimo de lucro.El marco legal y la fiscalidad es propio para estas entidades, son planes colectivos y sectoriales de empleo y participan tanto empresas como trabajadores. Supone aproximadamente el 30% del PIB de este territorio y cerca del 25% de los trabajadores vascos cuentan con este instrumento de ahorro.¿Se pueden encajar los ejemplos a la totalidad de España?En España podrían tener un gran impacto medidas como las de Reino Unido, Australia, Alemania o incluso extrapolar lo existente en el País Vasco, según el análisis del Observatorio de Pensiones de Mutua Madrileña. Pero reforzar ese sistema intermedio entre la aportación pública y el esfuerzo individual o colectivo mediante planes de empresas no consiste únicamente en adoptar medidas ya implementadas en otros países aunque estas pudieran tener un gran impacto sobre el sistema.Esta implementación depende en primer lugar de la legislación vigente . El encaje en la Constitución es la condición necesaria para la implantación de fórmulas como el llamado 'auto-enrolment' o adscripción automática. El artículo 41 establece el carácter libre de las prestaciones complementarias. En España, en la actualidad la forma de introducir planes de pensiones complementarios se hace ahora mediante la negociación colectiva y los convenios.Asimismo, hay distintos modelos a la hora de articular los sistemas de pensiones. Mientras que los continentales se fía prácticamente todo a lo público, en los anglosajones el sistema público es una red de seguridad y el sistema se apoya más en los planes de pensiones de empresas e individuales. Una tercera vía es la de los países nórdicos que tratan de equilibrar ambos sistemas.Las transferencias del Estado a pensiones podrían alcanzar los 60.000 millonesEn España, según el Observatorio de las pensiones de Mutua Madrileña, las transferencias necesarias del Estado para sostener el gasto podrían alcanzar los 60.000 millones de euros , lo que equivale al 3,5% del PIB español. Se trata de una medida de contención ante un gasto en aumento que eleva el déficit.Durante la presentación del estudio, Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña, insistió en la idea de que la adscripción automática de los trabajadores a planes de empleo es clave para lograr un sistema más sólido. Los españoles no ahorran para su pensión futura ya sea por falta de capacidad o de previsión, aunque reconocen su preocupación por el futuro.Ante esta situación, el estudio presentado la semana pasada señala la necesidad de abordar nuevas fórmulas que amplíen la participación y fomenten el ahorro a largo plazo y que al mismo tiempo sean compatibles con lo que dice la ley en España.