El Gobierno de Pedro Sánchez identificará a las empresas que sean acusadas de «mercadear» con la vivienda para impedirles la compra de inmuebles. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, les ha acusado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes de hacer negocio con un «bien social». En ese futuro registro entrarían pequeñas empresas como Urbagestión, propietaria del piso de donde fue desahuciada Maricarmen. «Tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre muy carroñera», asegura la ministra.
La política socialista ha destacado que el Ejecutivo de PSOE y Sumar haya puesto «nombres y apellidos a los especuladores, como ha ocurrido en el caso de Urbagestión».
Rodríguez, sin embargo, ha asegurado que los dos decretos sobre vivienda que ha aprobado el Gobierno este martes van más allá: «Vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien social como es la vivienda en nuestro país». En ese mismo sentido, ha asegurado que van a «paralizar la compra [de casas] por parte de los fondos buitres para parar la compra especulativa».
Tras realizar esta afirmación, uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntó cuál era la definición de «fondo buitre» y de qué forma lo determinaría la ley. «Sobre qué es un fondo buitre. Urbagestión, en puridad, tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre muy carroñera», ha espetado Rodríguez.
«Lo hemos visto por cómo celebran el final de este desenlace innecesario porque nunca tendría que haber pasado por allí», ha señalado la ministra en alusión a la octogenaria que ha sido desahuciada la pasada semana.
Sin definición exacta
En todo caso, la titular de Vivienda no ha podido entrar a dar una definición exacta de lo que la ley establece como lo que ellos llaman fondo buitre: «La redacción completa la van a tener tan pronto tengamos el texto definitivo».
Rodríguez ha hecho hincapié en que su objetivo no es «poner palos en las ruedas a las empresas». En su lugar, la pretensión de la norma es, según la ministra, «orientar a las empresas a que no tengan prácticas especulativas».
La ministra ha apelado a la «Constitución Española» para aprobar este decreto que, según la política socialista, sólo busca «que la inversión vaya dirigida a la vivienda pública y asequible». Además, ha asegurado que habrá «importantes rebajas fiscales» como una rebaja del 4% en el IVA para la construcción de vivienda protegida.
Aunque no conociera la definición, sí que ha dicho que es «muy rigurosa». Lo que sí ha aclarado es que «quedan salvadas de ese concepto» de fondo buitre las empresas que buscan contribuir para que haya «vivienda asequible o vivienda pública». Porque, según Rodríguez, la norma persigue «contribuir desde entidades públicas o entidades privadas» a la construcción de este tipo de vivienda.
La ministra, sin embargo, es propietaria de tres pisos en Ciudad Real, dos de ellos al 50% y otro lo posee al completo. Rodríguez posee también dos plazas de aparcamiento, una a medias y otra al 100%, y dos trasteros, de los que también posee la mitad de cada uno de ellos. Todo ello venía recogido en su última declaración de bienes como miembro del Gobierno.
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