Un mes después de que hasta 50.000 personas entraran en Ceuta en una sola noche —la mayor irrupción irregular registrada en la historia de la frontera española—, el sistema de protección de menores de la ciudad autónoma sigue sin dar respuesta a la magnitud de lo ocurrido. Así lo constata el informe de emergencia elaborado por Guardianes de la Inocencia, que cruza fuentes oficiales, verificadores acreditados y datos policiales y sanitarios para trazar el primer diagnóstico integral de la crisis.
El dato central del informe es también el más brutal: Ceuta tutela actualmente a 1.478 menores extranjeros no acompañados —700 de ellos niñas— sobre una capacidad ordinaria legal de solo 27 plazas, fijada por el Real Decreto 743/2025. La sobreocupación alcanza el 5.374%. La cifra, además, no deja de crecer: de 1.372 el 18 de agosto a 1.478 el 31, trece días después.
El propio Gobierno, señala el informe, ni siquiera se pone de acuerdo en el número: la Presidencia cifró los menores en 1.200 el mismo 31 de agosto en que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hablaba de 1.478 ante el Congreso. Una discrepancia de 278 menores que Guardianes de la Inocencia describe sin rodeos: «278 niños cuya existencia administrativa depende de a quién se pregunte».
El apartado más grave del informe documenta la violencia sexual sufrida por las menores llegadas durante la avalancha. Según fuentes sanitarias citadas en el documento, el Hospital Universitario de Ceuta atendió al menos a cinco niñas menores de 14 años por presuntas violaciones, con edades de 8, 10 y 14 años referidas por entidades sobre el terreno. La Policía Nacional confirmó once denuncias por agresión sexual presentadas por menores marroquíes; fuentes policiales y de la Guardia Civil elevan a quince el total de denuncias de naturaleza sexual, con cuatro detenidos y tres procedimientos judiciales abiertos en el TSJA, dos de ellos con ingreso en prisión provisional.
La comparación con la serie histórica es demoledora: en todo el año 2024, el Ministerio del Interior registró en Ceuta 42 agresiones sexuales y 5 violaciones. En las tres semanas siguientes a la entrada masiva se han acumulado quince denuncias de naturaleza sexual, una incidencia que el informe calcula multiplicada por más de cinco respecto a la media mensual.
El informe plantea catorce medidas concretas, organizadas en tres bloques, para atajar la crisis: separar a los menores por edad y sexo dando prioridad reforzada a las niñas y a los menores de 13 años; garantizar el cumplimiento estricto de la LOPIVI con certificados de antecedentes sexuales para todo el personal; habilitar un canal de denuncia multilingüe con intérpretes femeninas; descartar los polideportivos como alojamiento infantil; y, como medida central, acelerar el reparto de menores a otras comunidades autónomas —a través de acuerdos bilaterales, las 500 plazas peninsulares, el acogimiento familiar y el artículo 35 de la Ley de Extranjería—, que el informe considera la única solución matemáticamente suficiente frente a una sobreocupación del 5.374%.
En paralelo, propone blindar el regreso a las aulas el 8 de septiembre con escalonamiento horario, corredores escolares vigilados, refuerzo del transporte público y un canal de información diario que combata los bulos, todo ello sin ceder terreno a la creación de partidas vecinales de control. El coste de lo pendiente se estima entre 3,4 y 4,6 millones de euros, una cifra que la organización considera asumible frente a los 25 millones ya aprobados por el Gobierno, que advierte que cubren apenas un trimestre.
El reparto, bloqueado por tres comunidades autónomas
El informe pone el foco en lo que considera la pieza que de verdad resolvería el problema: el traslado de menores a otras comunidades. La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia del 27 de agosto aprobó por unanimidad de los presentes una transferencia de 25 millones de euros a Ceuta, pero el punto sobre los criterios de distribución de menores se retiró del orden del día. Aragón, Castilla y León y Extremadura ni siquiera acudieron y remitieron por escrito su veto expreso a cualquier reparto, pidiendo que constara en acta.
El resultado, según el propio cálculo del informe: de 1.478 menores tutelados, cero acuerdos de traslado están firmados. Las 500 plazas ofrecidas en la Península —gestionadas por entidades, manteniendo Ceuta la tutela— siguen pendientes de autorización. Y aunque se activaran íntegramente, la ciudad seguiría con 978 menores y una sobreocupación del 3.522%, muy lejos del umbral que el informe considera mínimamente gestionable.
Sobre la financiación, el documento hace una cuenta incómoda para el Gobierno: los 25 millones aprobados equivalen a 16.914 euros por menor, lo que a un coste medio de plaza residencial de 130-150 euros diarios cubre entre 113 y 130 días. «El fondo cubre menos de un trimestre», advierte el informe, que insiste en que dinero y traslados «no son alternativas: son las dos mitades de la misma medida».
La cuenta atrás hasta el 8 de septiembre
El informe dedica buena parte de sus propuestas a la reapertura escolar. Ceuta es la región con peores resultados de España en el informe PISA 2022 —última en Matemáticas, Lectura y Ciencias—, y dos colegios, el CEIP Reina Sofía y el CEIP Príncipe Felipe, que llegaron a alojar a unas 300 niñas, deben quedar operativos para el inicio de curso. Seis centros educativos sufrieron accesos no autorizados en agosto.
Aunque la Junta Local de Seguridad del 26 de agosto aprobó un dispositivo con presencia uniformada en rutas, paradas, accesos y patios, el informe señala que, preguntado por el número de agentes por centro, el secretario de Estado de Educación no facilitó cifras. «Un dispositivo sin efectivos asignados no es verificable ni tranquiliza a una familia que decide si lleva a su hijo al colegio», concluye el documento.
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