El juez que instruyó el caso Malaya será el refuerzo en Ceuta por la crisis migratoria

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes designar al magistrado Miguel Ángel Torres Segura, conocido porque fue el instructor de uno de los mayores casos de corrupción política y urbanística del país, el caso Malaya, como refuerzo del Tribunal de Instancia de Ceuta por la carga de trabajo extra surgida a raíz de la crisis migratoria.Torres Segura, actualmente destinado en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, ocupará una comisión de servicio para reforzar las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, reunida en sesión extraordinaria, ha acordado la designación propuesta por la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez Heredia, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior andaluz.Entre los siete solicitantes de la plaza, Torres es el que cuenta con más antigüedad en la carrera judicial y ha sido elegido dada también su experiencia en las jurisdicciones civil y penal, según ha informado el consejo de jueces. Torres reforzará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un periodo de seis meses -prorrogables en el supuesto de que se considere precisa la renovación de la medida- ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas entraron de manera irregular desde Marruecos.Miguel Ángel Torres Segura ingresó en la carrera judicial en el año 2000, por el turno libre, y tuvo como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Fe (Granada). Ascendido a la categoría de magistrado en 2003, ese mismo año se incorporó al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde instruyó el famoso caso Malaya, cuya investigación concluyó en 2007 con el procesamiento de 86 personas, entre ellas el exalcalde de la ciudad malagueña, Julián Muñoz y el cerebro de la trama de corrupción urbanística, Juan Antonio Roca. Fue también él quien envió a ambos a prisión preventiva un año antes y ordenó deterner a la cantante Isabel Pantoja, expareja de Muñoz, para interrogarla como investigada, tras lo que la dejó en libertad provisional bajo una fianza de 90.000 euros. Posteriormente estuvo destinado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada y desde 2019 es magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla.Este viernes concluye el plazo para que se presenten las solicitudes para la segunda comisión de servicio de Ceuta que se ha ofertado para aliviar la presión sufrida por la crisis migratoria, en este caso para reforzar la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer. Mientras tanto, como ya informó el CGPJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido mantener a un magistrado que se encuentra cubriendo ese puesto y debería haber cesado por cambio de destino.