Hacienda ignora el rechazo de 13 CC.AA. y lleva al Congreso la financiación autonómica pactada con Cataluña

En el verano de 2024 el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con ERC y, por extensión, con la Generalitat de Cataluña a aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica como parte del paquete de acuerdos para apuntalar la candidatura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Dos años después ha dado un paso decisivo para hacer efectivo ese compromiso, y ahora será el Parlamento el que determine en última instancia si se cumple o no.«El Consejo de Política Fiscal y Financiera acaba de aprobar el acuerdo para la reforma del modelo de financiación». Con este breve mensaje, Hacienda ha comunicado pasadas las dos de la tarde que el Gobierno ha cumplido con su parte. Lo ha hecho dejándose algunos pelos en la gatera. Este viernes ha impuesto su mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro institucional que reúne al Gobierno central con los gobiernos de las comunidades y las ciudades autónomas de España y por donde tiene que pasar cualquier reforma que afecte a las cuentas de estas, con el pírrico apoyo de Cataluña -con quien negoció bilateralmente la reforma- y Canarias -con quien se ha comprometido cumplir toda su agenda de reivindicaciones- para imponer una propuesta de reforma de la financiación autonómica, que se pacto de forma exclusiva con ERC y la Generalitat y que ha sido rechazada de plano por 13 de los 15 gobiernos de comunidades autónomas de régimen común, 11 gobernadas por el PP y dos por el PSOE, un hecho sin precedentes en los 30 años de historia de las reformas de la financiación regional.En la reunión de este viernes 12 de ellas han manifestado de forma explícita su rechazo al modelo y han pedido al Gobierno que retire una propuesta de reforma, que entienden que está diseñada para beneficiar a una comunidad autónoma en concreto, Cataluña, y que rompe el principio de igualdad entre regiones. La Comunidad de Madrid ni siquiera ha asistido a la reunión, después de intentar el jueves una maniobra fallida para promover un boicot general de las autonomías gobernadas por el PP para bloquear la aprobación de la propuesta del Gobierno y retrasar su envío al Parlamento y, por tanto, un trámite que abre la posibilidad de que se pueda aprobar.En ello confía el Ministerio de Hacienda.