La investigación sobre Ceuta en la Audiencia Nacional podría acabar en el Supremo

La investigación de la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional, con la que trata de identificar a los responsables de incitar la invasión de España desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, así como despejar qué decisiones se tomaron en nuestro país para atajar la crisis, si fueron suficientes y, si no lo fueron, quiénes serían los responsables de la crisis desatada, podría recaer en el Tribunal Supremo.Fuentes jurídicas trasladan que, por un lado, parece claro que el magistrado del Alto Tribunal encargado de conocer la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tendrá que recibir parte de la documentación solicitada por la magistrada Tardón a los servicios de inteligencia al afectar a asuntos de Seguridad Nacional. Por otro lado, consideran que los informes solicitados por Tardón irremediablemente apuntarán a varios ministros y a altos cargos, como el Defensor del Pueblo, aforados ante el Alto Tribunal, a donde tendrían que acudir a declarar en caso de que la magistrada acabe citándoles como investigados y no como testigos, pues con esta condición sí pueden comparecer ante la Audiencia incluso por escrito.La magistrada dio la semana pasada un importante impulso a la causa pidiendo hasta 500 diligencias de investigación a 30 organismos distintos, entre ellos a la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército y el CNI. De toda la información del caso se desprende que la intención de la instructora es llegar hasta el final y aclarar la responsabilidad del Gobierno. Una responsabilidad que las fuentes jurídicas consultadas no creen que se pueda quedar en el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, contra el que hay presentada una querella de Hazte Oír por los presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, homicidio y lesiones por imprudencia grave. La jueza todavía no le ha citado ni como testigo ni como investigado. Sí ha convocado como testigos a su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Este último ha criticado públicamente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando incluso haberse sentido abandonado por él. Presidente del tribunal en los juicios de Ábalos y García OrtizEn la causa ya abierta a instancias del partido político Iustitia Europa, la magistrada Tardón ve indicios de delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, así como delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (del art. 318 bis 1 y 3) en conexidad con los de homicidio imprudente (del artículo 142 del Código Penal) respecto de los 83 fallecimientos acreditados, de los que buscará a los responsables.Lo que interesa a la magistrada, a juzgar por la multitud de diligencias ordenadas a los responsables de distintos organismos que recibieron información «antes, durante y después» de la avalancha, es disponer de toda la información operativa de los días clave, para, llegado el momento, determinar responsabilidades. Entre dichas diligencias, ha solicitado a los más altos responsables de los organismos policiales y militares las alertas y los riesgos de los que advirtieron entre el 20 de julio y el 7 de agosto y saber quiénes fueron sus destinatarios y medios de difusión.La magistrada ha creado una pieza secreta a la que se unirá el material más sensible para la Seguridad del EstadoAdemás, ha creado una pieza secreta de investigación en la que se irá uniendo la información más sensible para la Seguridad del Estado, a la que sólo podrá acceder la Fiscalía y que las fuentes consultadas consideran que, en algunos momentos, tendrá que tener la revisión del magistrado del Supremo encargado de conocer las actividades del CNI, Andrés Martínez Arrieta.Desde el pasado junio, el presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, quien encabezó los tribunales que juzgaron al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, desempeña la función de recibir la información de las causas en las que la actividad del CNI está sobre la mesa, sustituyendo al magistrado Pablo Lucas. El magistrado encargado de la supervisión de la actuación de los servicios secretos tiene unas funciones tasadas restringidas, básicamente consistentes en ejercer un control judicial previo de legalidad para autorizar aquellas actuaciones del servicio de inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 18.3 de la Constitución Española: la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Es decir, que cuando la jueza Tardón pida nuevas diligencias al CNI, él tendría que cotejar que se ajustan a la legalidad.