La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado nuevamente este jueves ante el Tribunal de Cuentas para solicitar información relacionada con dos asuntos diversos. Según las fuentes de la investigación consultadas por ABC, el grueso de la operación se centra en un nuevo requerimiento de información al órgano fiscalizador en relación a los pagos realizados al PSOE, en el marco de la pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del partido socialista. Los agentes se han personado en el sede del organismo en la calle Padre Damián de Madrid para solicitar nueva información después de que el Tribunal de Cuentas entregara el pasado mes de septiembre un pendrive al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sobre las donaciones realizadas al PSOE que habían sido fiscalizadas por el tribunal. Como adelantó ABC, la investigación se centra en muchas de las donaciones canalizadas a través de fundaciones ‘fantasma’ que no están sometidos a las mismas limitaciones a las personas físicas (máximo de 50.000 euros), ni a la prohibición de realizar donaciones a través de personas jurídicas. La nueva operación de la UCO tiene un segundo objeto de información. Según confirman fuentes policiales, los agentes de la Benemérita también han solicitado información al Tribunal de Cuentas sobre un presunto fraude de fondos europeos sobre las las pulseras antimaltrato que adquirió el ministerio de Igualdad para garantizar el cumpolimiento de las medidas cautelares en las condenas de delitos de violencia de género. Se trata nuevamente de una operación realizada a instancias de la Fiscalía Europea, como ocurrió la semana pasada cuando los agentes se personaron ante el Tribunal de Cuentas para requerir información sobre el informe fiscalizador de los contratos realizados para la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, para comprobar si los fondos europeos recibidos se habían destinado a tal fin. En un comunicado, la Fiscalía Europea ha informado de que se están llevando a cabo «medidas de investigación en la sede del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España» por un «presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos para la adquisición de pulseras telemáticas». Una investigación que se inició hace un año, según reza el comunicado, y del que «no se facilitarán más detalles sobre el estado de la investigación» hasta que se determine si se ha atentado contra los intereses financieros de la Unión Europea.Nuestra redacción está trabajando para ampliar la información
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