Pedro Sánchez comparecerá este jueves en el Congreso con muchos asuntos por aclarar sobre Ceuta. A las polémicas que han acompañado las últimas semanas por el retraso en la actuación del Gobierno o la existencia o no de avisos previos de inteligencia sobre la avalancha, se ha sumado un informe que la Policía Nacional habría enviado a la jueza que investiga la crisis relacionando directamente a Marruecos con la entrada masiva de miles de personas en España.La cita del presidente, la primera en la que dé explicaciones en sede parlamentaria sobre la vulneración de la frontera, no será fácil. Sánchez tendrá que lidiar con las contradicciones que se han generado en el seno del propio Gobierno, responder a los ataques y cuestionamientos que durante las últimas semanas han adelantado todos los grupos parlamentarios —con independencia de su orientación política— y tratar de aclarar la pregunta que se hace toda la ciudadanía: ¿por qué y quién promovió la entrada masiva de inmigrantes?Esta situación inédita en Ceuta motivó un despliegue inmediato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los militares cuentan con muchas lagunas en su actuación que, tras semanas de denuncia pública, piden a Sánchez que aclare en el Congreso.Presión operativa extraordinaria, suspensión de permisos y vacaciones, prolongación de jornadas y servicios, dificultades para garantizar periodos efectivos de descanso y recuperación y, especialmente, las agresiones sufridas por miembros de las Fuerzas Armadas durante sus patrullas,… Estas y otras muchas situaciones son las que han llevado a la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) a redactar un decálogo de preguntas dirigidas al jefe del Ejecutivo:— ¿Hasta cuándo considera el Gobierno razonable mantener a las unidades militares de Ceuta en un régimen de activación y disponibilidad extraordinaria sin garantizar de forma efectiva los descansos necesarios?Reclama a Sánchez medidas concretas para impedir que una situación inicialmente excepcional termine convirtiéndose durante semanas o meses en una jornada permanente de disponibilidad, «con grave impacto sobre la salud, la seguridad y la vida familiar de los militares».— ¿Qué límite temporal y qué sistema de relevos tiene previsto el Gobierno para garantizar que los militares que llevan semanas soportando una extraordinaria carga de servicios puedan recuperar descansos, permisos y vacaciones?La suspensión generalizada de permisos puede responder temporalmente a una necesidad operativa, pero no puede convertirse en un mecanismo indefinido de gestión de personal, avisa Aume, que pregunta al Gobierno qué calendario de normalización y refuerzos prevé hacer para hacer compatible la seguridad de Ceuta con el derecho de los militares al descanso y a la recuperación.— ¿Considera el Gobierno que las actuales condiciones de alojamiento, manutención y descanso del personal sometido a esta sobrecarga de servicios responden al trato digno que debe recibir quien permanece permanentemente disponible para servir al Estado?AUME pregunta expresamente si el Gobierno ha realizado una evaluación de las condiciones reales de alojamiento y descanso del personal militar afectado y qué medidas concretas adoptará para garantizar unas condiciones adecuadas durante una crisis que se ha prolongado mucho más allá de una intervención puntual.— ¿Reconocerá el Gobierno, mediante complementos retributivos, indemnizaciones o compensaciones específicas, el extraordinario esfuerzo, disponibilidad y carga de trabajo asumidos por los militares desplegados y activados en Ceuta?La asociación considera que no es aceptable que una disponibilidad excepcional, la acumulación de jornadas, la cancelación de permisos y la asunción continuada de servicios extraordinarios se traduzcan únicamente en un mayor sacrificio personal sin una compensación económica adecuada. Piden un complemento salarial similar al que el Gobierno ya ha aprobado para los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.— ¿Qué medidas adoptará para proteger la conciliación familiar y personal de los militares afectados por la prolongación de esta crisis?«¿Cómo piensa el Gobierno compensar y reparar el impacto producido por la cancelación de permisos, la imposibilidad de desplazarse fuera de Ceuta y la alteración prolongada de compromisos familiares y personales?», preguntan.— Después de las agresiones sufridas por patrullas militares, ¿puede garantizar el presidente que todas las unidades disponen de una misión claramente definida, instrucciones precisas y reglas de actuación suficientemente claras para responder ante situaciones de violencia?Las agresiones sufridas por miembros de las Fuerzas Armadas han llevado a los militares a reclamar unas reglas definidas de actuación. «Los militares no pueden encontrarse ante una agresión teniendo que improvisar cuál es el alcance de sus facultades. ¿Ha establecido el Gobierno un marco operativo y jurídico claro, conocido por todas las unidades, que determine con precisión cómo actuar ante ataques contra los propios militares o contra las personas cuya seguridad deban proteger?», pregunta Aume.— ¿Dispone actualmente todo el personal militar desplegado en Ceuta de los medios de protección individual y colectiva adecuados a los riesgos reales que está afrontando?Los militares deben tener garantizada su seguridad en toda misión, por lo que preguntan al Ejecutivo si han revisado los equipos de protección, comunicaciones, movilidad o apoyo sanitario para garantizarlo.— ¿Qué garantía de protección jurídica ofrece el Gobierno a los militares que, cumpliendo órdenes y actuando dentro de las instrucciones recibidas, tengan que intervenir ante una agresión o una situación de violencia?Aume quiere que el Gobierno garantice expresamente asistencia y defensa jurídica efectiva a los militares que, en cumplimiento de una misión legalmente encomendada, deban adoptar decisiones operativas para proteger su propia integridad, la de sus compañeros o la de terceros.— ¿Impulsará el Gobierno una solución normativa que reconozca de manera efectiva la condición y protección de los militares que ejercen funciones de servicio público frente a agresiones y atentados?En este caso, la reclamación es clara: el reconocimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas como agentes de autoridad cuando las circunstancias lo requieran. «Quien agrede a un militar que está cumpliendo una misión al servicio del Estado debe conocer con absoluta claridad las consecuencias jurídicas de su conducta», reivindica.— ¿Está dispuesto el presidente a abordar definitivamente, con las asociaciones profesionales militares y en el ámbito parlamentario, una regulación específica sobre el estatuto operativo y la consideración funcional de los militares desplegados en misiones de seguridad?A juicio de los militares, la experiencia de Ceuta exige una reflexión institucional de mayor alcance para clarificar cuándo y en qué condiciones los miembros de las Fuerzas Armadas que desarrollan funciones de seguridad, vigilancia o apoyo a las autoridades deben contar con un estatuto funcional reforzado.
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