El Tribunal Constitucional ha confirmado este martes que el sector mayoritario afín al Gobierno de Pedro Sánchez quiere amnistiar el delito de malversación al ex consejero Jordi Turull, una resolución que abre la puerta al regreso definitivo del ex presidente Carles Puigdemont y que ha desembocado en una situación inédita: el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ha roto con la tradición de la corte de garantías al anunciar que presentará su propia ponencia, referida al recurso de la ex consejera Dolors Bassa, en paralelo a la que redacta el magistrado del ala minoriatario José María Macías sobre Turull.
El Constitucional ha empezado este martes a estudiar los recursos de amparo presentados por los dirigentes independentistas contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la Ley de Amnistía en el delito de malversación. Entre los recursos pendientes figura el de Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención desde su huida a Bélgica en 2017.
Fuentes jurídicas informan a OKDIARIO que la decisión ha llegado después de que Macías, que respaldaba la tesis del Supremo de no aplicar la amnistía a los líderes del procés por malversación, haya retirado su ponencia inicial. El magistrado ha aceptado redactar una nueva, que será estimatoria, para el pleno del próximo 6 de octubre. En lugar de ceder la ponencia prefiere escribir una que obtenga la mayoría del Pleno a la que luego se presentarán 5 votos particulares frente a los 7 magistrados izquierdistas.
Fecha clave: 6 de octubre
Según fuentes constitucionales, la votación sobre el fondo del asunto aún no se ha producido, aunque el sentido del Pleno ya se avistado: los siete magistrados previstos han expresado su rechazo a la ponencia original de Macías, frente a cinco que se han mostrado favorables a mantenerla. El resultado, dan por hecho estas fuentes, es que el asunto se resolverá en sentido estimatorio el 6 de octubre.
Lo singular es que ese mismo día se dirimirán dos resoluciones distintas. Por un lado, la nueva ponencia de Macías sobre Turull; por otro, la de Conde-Pumpido sobre Bassa, que también será estimatoria.
Serán los criterios técnicos y la argumentación de cada texto los que determinen cuál de las dos fija finalmente la doctrina que se aplicará al resto de los amparos de condenados y procesados en rebeldía, entre ellos el de Puigdemont.
El regreso de Puigdemont
El impacto de la decisión trasciende el caso concreto de Turull. Fuentes del Supremo ya han indicado que el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, agilizará su decisión sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont en cuanto conozca los detalles de la sentencia constitucional y la argumentación que adopte sobre el supuesto beneficio patrimonial asociado a la malversación.
Si Llarena entiende que la respuesta del Constitucional es favorable y extensible al resto de procesados, no esperará a que el Constitucional dicte sentencia específica sobre el recurso de Puigdemont para aplicarle la ley, según esas mismas fuentes. Siempre que, a deferencia del Tribunal de Justicia de la UE, sí aborde todos los argumentos que hacían al Supremo no amnistiar delitos de malversación de fondos públicos para el beneficio personal y electoral de los encausados.
Si Llarena aplica la amnistía permitiría al ex presidente catalán regresar a España sin temor a ser detenido, aunque desde Junts han evitado hasta ahora hacer cábalas al respecto.
«No participamos de estos rumores. Somos prudentes en este sentido. Queremos ver las sentencias y esperamos que sean lo más rápido posible», ha declarado esta semana el portavoz de Junts, Josep Rius, quien ha pedido a los tribunales que apliquen «de una vez por todas» la controvertida Ley de amnistía.
La Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso de los Diputados sobre el procés en mayo de 2024. No sólo los hechos del referéndum ilegal de 2017, sino también todos los delitos relacionados con el secesionismo catalán desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2023.
El propio Constitucional avaló el año pasado la norma al rechazar los recursos de inconstitucionalidad presentados mayoritariamente por el PP, y ahora afronta la fase de resolver los amparos individuales frente a la interpretación restrictiva que ha hecho el Supremo.
Queda por ver si la insólita carrera entre dos ponencias paralelas —la de un magistrado que no tiene más remedio que defender lo contrario de lo que este martes ha presentado, y la de un presidente que se salta el turno establecido— deja tan tocada la imagen de coherencia del tribunal como parece que va a dejar despejado el camino de vuelta a España para Puigdemont.
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