El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido este jueves la orden directa al Tribunal Supremo que incluye su ponencia sobre Dolors Bassa para que aplique de forma «urgente y preferente» la amnistía. En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum celebrado en el casino de Madrid, el magistrado ha señalado que cuando el TC dicta un fallo tiene que ser lo suficientemente claro, preciso y contundente«. »Si la ley de amnistía establece que de forma preferente y urgente se aplique la ley porque afecta a derechos fundamentales, nosotros, en nuestro fallo final debemos de ser claros, ha apostillado. Como informó ABC, en el borrador de sentencia que llevará al Pleno del próximo martes, Conde.Pumpido no se limita a utilizar la fórmula habitual en la estimación de los recursos de amparo, como sí hace Macías en el amparo de Turull (que se retrotraigan las actuaciones para que el tribunal dicte una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales), sino que insta al Alto Tribunal a que lo haga teniendo en cuenta el «carácter preferente y urgente» de la ley de amnistía. No ha querido entrar el presidente en el tiempo que debe tardar el Supremo en ejecutar ese fallo pero sí ha deslizado que en el propio Supremo «ya han manifestado, por lo que he podido leer, que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, siempre que el Tribunal Constitucional hubiese establecido una doctrina clara y precisa. Por lo tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa», ha zanjado. Sin mencionar una sola vez a Puigdemont ni por tanto el plazo en el que estima que el profugo podría volver (pese a ser preguntado de forma explícita por ello) Conde-Pumpido quiso mantener el equilibrio entre lo imperativo de su ponencia y el margen de maniobra del Supremo para aplicar la doctrina que fije el TC. «Si estimamos el recurso, lo comunicaremos a la mayor brevedad a las partes y también al órgano encargado de su ejecución. Como saben, el Tribunal Constitucional adopta la decisión y la ejecución le corresponde al tribunal de la jurisdicción ordinaria», ha dicho. Respecto a si le preocupa el hecho de que se cuestione la invasión de competencias del TC al corregir las interpretaciones del Supremo, Conde-Pumpido ha argumentado que el TC las tiene «perfectamente delimitadas». «Somos los intérpretes supremos de la Constitución (…). El Tribunal Constitucional en el ejercicio de esta competencia, efectivamente, tiene que respetar la autonomía de cada uno de los poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La propia Constitución dice que el Supremo es el órgano máximo en todas las jurisdicciones, salvo en materia de derechos fundamentales, en la que el TC es el órgano máximo», ha zanjado. En otro momento de su intervención, en concreto para cerrarla, el ex fiscal general ha aludido (sin que nadie le hubiera preguntado por ello) a las funciones ejecutivas de las que goza el TC para hacer cumplir sus resoluciones. «Algunos problemas que hemos tenido históricamente se produjeron precisamente porque teníamos constituciones que no tenían un órgano encargado de hacerlas cumplir (…) Nosotros, gracias a una reforma que se hizo durante el gobierno del señor Rajoy en el año 2015, tenemos unas facultades de ejecución muy importantes», ha dicho. «Podemos imponer sanciones (así lo hicimos, por ejemplo, con la Sindicatura Electoral de Cataluña, que desapareció precisamente porque nosotros le impusimos una sanción en metálico); podemos suspender cargos públicos, deducir testimonio por desobediencia, podemos hacer ejecutar nuestras secciones, poner un plazo para que se cumplan, etcétera, etcétera».En este sentido ha apostillado también que las decisiones del TC son «cosa juzgada» y que todos los poderes públicos «tienen la obligación de cumplirlas». «Es cierto que a veces surge una cierta, digamos, voluntad de no atender a las resoluciones del Tribunal Constitucional, pero no somos nosotros. Es la Constitución y la ley la que les obliga».
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