El Ministerio de Cultura ignoró la petición formal del Ayuntamiento de Madrid para destinar el histórico complejo de la Tabacalera a la construcción de «viviendas asequibles» y dotaciones públicas para los vecinos. En su lugar, el departamento que dirige Ernest Urtasun optó por ceder 800 metros cuadrados de este espacio de titularidad estatal a la plataforma vecinal de la que forma parte el Sindicato de Inquilinas , la misma organización que mantiene bloqueada la Puerta del Sol con una acampada -considerada «ilegal» por la Comunidad de Madrid- en la que exigen, precisamente, soluciones habitacionales.A mediados del pasado mes de febrero, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó públicamente al Gobierno central que recuperase la antigua fábrica de tabacos para dar un servicio real al distrito, sugiriendo destinar el espacio a la promoción de pisos asequibles.Esta reclamación no se quedó en una simple declaración de intenciones, sino que se tradujo en una batalla política a nivel municipal. En marzo de 2025, el Grupo Popular llevó al Pleno del distrito de Centro una proposición formal para solicitar al Ejecutivo de Pedro Sánchez la cesión del complejo. La iniciativa solicitaba instalar en la Tabacalera «equipamientos que den soporte a las necesidades de sus vecinos, que llevan años pidiendo espacios deportivos, una escuela infantil, una biblioteca o centros sociales», argumentando que se trata de un edificio muy amplio en el que podrían convivir diferentes usos.La propuesta, sin embargo, chocó contra el muro de la izquierda parlamentaria. Salió adelante en el distrito de Centro con 14 votos a favor del Partido Popular y dos abstenciones de Vox, pero se topó con 11 votos en contra de Más Madrid (6) y el Grupo Socialista (5). Según aseguran a este periódico fuentes del Ayuntamiento, el concejal del distrito, Carlos Segura, llegó a interpelar directamente a las portavoces de la oposición, Rita Maestre y Reyes Maroto, pidiéndoles que intercedieran ante el Gobierno central para atender esta reclamación. Un ruego al que Moncloa hizo oídos sordos.Rehabilitación a cargo del EstadoTras vetar el plan municipal, la decisión del Ejecutivo comprometió al Ministerio de Cultura a entregar la denominada Nave Trapecio y la Nave Trastocados/Metrópolis. Se trata de dos amplias edificaciones anexas al edificio principal de la calle Embajadores que suman una superficie de 512 y 288 metros cuadrados, respectivamente. El receptor del acuerdo es ‘Remontada Tabacalera’, un colectivo del que forman parte el Centro Social Autogestionado (CSA) La Tabacalera, 8M Lavapiés, la Red Interlavapiés, la Oficina de Urbanismo Social y el citado Sindicato de Inquilinas.Bajo los términos de este pacto, el departamento de Urtasun asumió de forma íntegra, «a cargo de su presupuesto», el coste económico de reformar estos 800 metros cuadrados. Una vez finalizados los trabajos, previstos para finales de este mismo año, el recinto pasará a ser «autogestionado» por el tejido asociativo con el compromiso de destinarlo a «actividades culturales y comunitarias».Pese a que el Gobierno acaba de publicar en el BOE las dos normas denominadas ‘decreto Maricarmen’, los manifestantes lo consideran una «tirita» y un «parche» cortoplacista diseñado para forzar su marcha. Desde el Sindicato de Inquilinas censuran que la norma se haya «troceado» para aplazar a un segundo decreto los alquileres indefinidos, una decisión que su portavoz, Valeria Racu, tacha de táctica de «divide y vencerás». Lejos de levantar el campamento, los activistas han capitalizado como un «pulso histórico al Gobierno» el acuerdo que permitirá a Maricarmen regresar a su casa, exhibiéndolo como un motivo más para atrincherarse en Sol y llamando a nuevas movilizaciones hacia una huelga general.
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