El Ayuntamiento de Tres Cantos ha pedido a la Junta Electoral Central y al INE una auditoría de los expedientes del censo exterior asignados al municipio desde 2022. El motivo es que ha crecido en más de 200 personas tras la ‘Ley de Nietos’, pese a que la localidad se fundó en 1991, décadas después del exilio, lo que hace difícil que existan tantos descendientes de exiliados vinculados a ella.
El alcalde, Jesús Moreno, ha expresado su «profunda preocupación» por los datos de crecimiento del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) en la localidad. Lo ha relacionado con la adscripción de decenas de nuevos electores al amparo de la norma que facilita la nacionalidad a los descendientes de exiliados. El Gobierno municipal ha solicitado formalmente la revisión de oficio de la totalidad de los expedientes del CERA asignados a Tres Cantos desde 2022, con el objetivo de velar «por la limpieza del censo y defender la legitimidad democrática en los próximos procesos electorales».
Un municipio nacido en democracia
Según el Consistorio, desde la entrada en vigor de la ley, en octubre de 2022, el censo exterior de Tres Cantos «se ha incrementado en más de 200 personas». Una cifra que consideran «insostenible desde el punto de vista técnico y legal», ya que el municipio se constituyó formalmente como independiente en 1991, mucho después del periodo que abarca la legislación sobre el exilio histórico.
Moreno ha calificado la situación de «anomalía democrática» y ha exigido explicaciones al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y a la Oficina del Censo Electoral. «Más que una sorpresa partidista, lo recibimos con perplejidad técnica y una enorme preocupación institucional», ha señalado.
El regidor ha añadido que «Tres Cantos es una ciudad joven, nacida en democracia en 1991». A su juicio, que aparezcan electores asignados a la localidad bajo el supuesto de exilio histórico demuestra «fallos flagrantes en el procedimiento de adscripción o una absoluta falta de control por parte del Gobierno Central».
El censo debe reflejar un «arraigo real»
El alcalde ha subrayado que respeta «plenamente el derecho a la nacionalidad», pero ha defendido que el censo electoral «debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota».
En esa línea, el Gobierno municipal ha expresado «el total respaldo» a la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de las altas en el CERA que no hayan acreditado de manera fehaciente la condición de exiliados o represaliados políticos.
«No entramos a juzgar intenciones, pero los hechos demuestran una falta de rigor inadmisible», ha afirmado Moreno. Y ha añadido que la resolución del Supremo «da la razón» al Ayuntamiento: «Las reglas del juego electoral exigen máxima garantía y transparencia, no ingeniería ni atajos censales descontrolados que distorsionen la realidad de municipios como el nuestro».
Desde el Ayuntamiento han confirmado que se encuentran «en permanente coordinación» con la Comunidad de Madrid para canalizar esta preocupación institucional.
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