El Gobierno ve inviables los Presupuestos y se volcará en la financiación autonómica

La reforma de la financiación autonómica y no los Presupuestos Generales del Estado será el gran objetivo de política económica del Gobierno para esta recta final de la legislatura. El Ejecutivo asume que el contexto político, especialmente por la cercanía de convocatorias electorales -generales, autonómicas y municipales en 2027-, hace muy improbable sumar los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante las cuentas públicas, pero sí considera que hay una ventana de oportunidad que le puede permitir cumplir con el compromiso adquirido con sus socios de ERC y con el gobierno de Salvador Illa en Cataluña, y en ello va a concentrar sus esfuerzos, según coinciden en señalar a ABC fuentes parlamentarias y de círculos próximos al área económica del Gobierno.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a reiterar este lunes que el Gobierno presentará su proyecto de Presupuestos del Estado para 2027 antes de que acabe el año. Y esta vez, al contrario de lo que ha sucedido en todos los años anteriores de la legislatura, sí parece que vaya a ser así, según confirman las fuentes consultadas, conocedoras de los trabajos que se están llevando a cabo en el Ministerio de Hacienda en ese sentido. Otra cosa es el análisis sobre su factibilidad. En el Gobierno se juzga como muy improbable que los Presupuestos superen siquiera las primeras fases de su tramitación parlamentaria, como ya quedó demostrado de alguna forma con el rechazo mayoritario del Congreso a los objetivos de estabilidad presupuestaria planteados por Hacienda el pasado 23 de julio, pero están decididos, al menos a día de hoy, a presentar el proyecto presupuestario. La lógica es que puede resultar mucho más dañino a efectos de imagen completar una legislatura entera sin ni siquiera haber presentado unos presupuestos que pasar por el amargo trago de que sean rechazados por la mayoría del Parlamento.Una de las fuentes consultadas advierte de que este escenario es visto incluso con alivio en determinados ámbitos del área económica del Gobierno, donde se temía la probable desproporción que podrían adquirir las exigencias de los socios del Gobierno en un eventual trámite de enmiendas parciales a los Presupuestos del Estado en un clima de elecciones inminentes. El asunto es que las pobres expectativas del Gobierno con los Presupuestos tienen una relevancia política crítica, a la que en el Ejecutivo no son ajenos. «En La Moncloa saben que en el momento que la mayoría del Congreso rechace los Presupuestos la cuenta atrás para la convocatoria de elecciones habrá comenzado», explica una de las fuentes parlamentarias consultadas. Tal vez por ello todas las fuentes consultadas dan por hecho que el Ejecutivo dilatará todo lo que pueda la presentación de su proyecto de Presupuestos al objeto de que ese probable rechazo parlamentario se produzca lo más cerca posible de final de año.TODO A LA FINANCIACIÓN BLOQUEO POLÍTICO ATRASAR EL TRAGO LA BALA DE LA FINANCIACIÓN El Gobierno juzga que en un contexto de competencia preelectoral sus socios parlamentarios no tienen ningún incentivo para respaldar su proyecto presupuestario y que este no podrá superar el trámite del Congreso. Consciente de que el rechazo a los Presupuestos marcaría el principio del fin de la legislatura el Ejecutivo tratará de retrasar al máximo ese momento, si es posible hasta el final del ejercicio. La reforma de la financiación autonómica es la gran apuesta de política económica del Gobierno de aquí a final de año. Considera que puede haber una oportunidad de que se debata al detalle en el Congreso e incluso de aprobarla en última instancia.Necesita también ese margen de tiempo para intentar sacar adelante su controvertida reforma de la financiación autonómica, que tras no pocas tribulaciones pasará este viernes su primer gran examen en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde llega con el consabido apoyo del gobierno catalán, con el que se pactó su formulación original, y con el condicionado del Gobierno de Canarias. El resto de las comunidades autónomas de régimen común, incluidas las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, continúan rechazando un modelo que entienden que se les ha impuesto y que está pensado únicamente para complacer las exigencias de más recursos y más corresponsabilidad de Cataluña.Esto no es visto como un obstáculo en Hacienda, donde existe la convicción de que hay opciones reales de que la reforma de la ley de financiación autonómica supere su paso por el Congreso a pesar de que PP, Vox y Junts han manifestado ya su rechazo. Las discrepancias de fondo en los motivos por los que unos y otros se oponen a la reforma de la financiación abren, en opinión del Gobierno, una ventana de oportunidad a que las enmiendas de totalidad al proyecto no prosperen y el texto acabe negociándose en sus detalles en el Congreso de los Diputados.La pelea contra la inflación, otra vezNo son los únicos desafíos de política económica que el Gobierno afrontará en la recta final del año, que podría ser también la recta final de la legislatura. El Gobierno tiene pendiente la aprobación de la célebre quita de deuda a las comunidades autónomas, que no es otra cosa que la asunción por parte del Estado de 83.000 millones de deuda autonómica que en realidad ya está financiando el Tesoro, cuya aprobación irá vinculada a lo que ocurra con la financiación autonómica.El otro gran desafío es la inflación. La evolución del IPC en verano, que se ha disparado hasta el 4,3%, su mayor nivel en tres años, parece haber desbordado el decreto de medidas que aprobó el Gobierno en marzo y podría forzar al Ejecutivo a habilitar un nuevo decreto con nuevas bonificaciones fiscales para evitar llegar a las elecciones con una factura energética disparada. El asunto, sin embargo, no es tan sencillo. Ya no solo por su coste fiscal para las arcas públicas, sino también por la oposición frontal que la Comisión Europea ha manifestado a la adopción de medidas generales de alivio de los precios energéticos.