La crisis de Ceuta dinamita la hoja de ruta electoral de Sánchez

Todos los planes han saltado por los aires. El Gobierno acabó exhausto el curso político y justo cuando encaraba el descanso estival la crisis de Ceuta irrumpió para cambiar el guion. La falta de previsión inicial, la respuesta tardía y una errática estrategia de abordaje del problema después han enquistado la situación. El balance, en lo político, es demoledor para un Ejecutivo que queda muy tocado en su credibilidad y con una enmienda a la totalidad al que hasta ahora era su baluarte estratégico: exhibir gestión. En Moncloa han construido su proyecto de los últimos años por contraposición al PP, erigiéndose como garantes de la buena administración de los recursos públicos frente al «modelo de recortes y privatizaciones» del Partido Popular vigente en el grueso de las comunidades autónomas. Este argumento se desvanece.En el Gobierno reconocen que esta no es «una crisis más», porque ha conseguido lo que hasta ahora parecía imposible, un desacople entre Sánchez y sus irreductibles. Arrecian las críticas sobre el rumbo que ha tomado el Ejecutivo, sin querer señalar a Marruecos, con una fallida publicación de documentos reservados que tumban su versión de los hechos y con un enredo competencial para desviar la responsabilidad hacia Juan Jesús Vivas , un liderazgo muy consolidado. En el partido hay cada vez más voces que reniegan de la estrategia y critican que Moncloa se haya dado «una tiro en el pie» con algunas de las decisiones que ha tomado. «Es todo incomprensible», se lamenta un cargo tradicionalmente alienado con la dirección federal. En la calle, el sentir es parecido, los votantes del PSOE no secundan la estrategia exculpatoria de Rabat en lo sucedido y critican la gestión gubernamental y que Sánchez no interrumpiera sus vacaciones para hacerse cargo del asunto, después de calificarlo como una «violación de la integridad territorial» de España. Una falta de sintonía que se torna del todo inoportuna en vísperas del ciclo electoral al que se asoma el país en 2027 y con cuestiones como la inmigración que serán «elementos centrales» de la campaña.Con estos mimbres, en Moncloa recalculan la estrategia. Sobre la mesa había un plan bastante definido, que se esperaba a la vuelta de vacaciones para activar. La preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) más expansivos y sociales que se recuerdan para utilizarlos como palanca para llamar a las urnas en el primer trimestre de 2027. Fuentes gubernamentales evitaban adelantar plazos sobre la tramitación de las cuentas, que debían desembocar en ese calendario electoral, asegurando que la decisión se tomaría durante el verano. Y el verano ha sido decisivo para dejar todos los planes en barbecho. Fuentes socialistas consultadas por ABC se muestran reacias a mantener esta senda en el contexto actual y señalan que lo coherente sería alejar el horizonte de las generales, al menos, «hasta que se resuelva lo de Ceuta» . «¿Qué incentivos tenemos ahora para llamar a votar?», se pregunta un cargo, que asume que Sánchez optará por agotar el mandato. Para varios de los dirigentes consultados, la maniobra de anticipar las generales solo tiene sentido si consigues abrir una «ventana de oportunidad» para conseguir un mejor resultado. «Si no, es mejor aguantar hasta el final», resumen, conscientes de que después habrá una mayoría de derechas.«¿Qué incentivos tenemos ahora para llamar a votar?», se pregunta un cargo, que apuesta por «aguantar hasta el final»En todo caso, esta decisión solo le corresponde al presidente y quizá ni siquiera esté definida hasta ver la evolución de los acontecimientos. De hecho, en sus declaraciones públicas -si podemos considerarlas una referencia-, Sánchez ha pasado de verbalizar la posibilidad de un «adelanto técnico» a plantear de nuevo la posibilidad de llevar la legislatura hasta el próximo verano. «Las legislaturas duran cuatro años, también cuando gobierna la izquierda», suele defender, pese a que tanto en 2019 como en 2023 él mismo optara por anticipar las elecciones. PresionesEn el PSOE hay un sector del partido que le presiona para el adelanto. Se da en este movimiento una conjunción de intereses. Por un lado, quienes reclaman que las generales se celebren antes de las municipales y autonómicas, porque no quieren volver a ser víctimas colaterales del agrio debate nacional. Ahí se ubican el grueso de alcaldes que aspira a revalidar y presidentes autonómicos como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Sánchez despacha estas peticiones recordando que, tras el descalabro territorial de mayo 2023, él consiguió mantener el Gobierno dos meses después.Más allá de Ceuta, hay dirigentes que piden atender al horizonte de causas judiciales que cercan al Gobierno y el PSOE para tomar la decisiónA este grupo se le suma el de otros dirigentes que ya acusan el desgaste de la crisis de Ceuta y piden a Moncloa que introduzca nuevas derivadas en la agenda política para recuperar algo de resuello. Creen que si se comienzan a preparar unos Presupuestos y se someten a votación cederá parte de la presión pública que hay situada en la ciudad autónoma. Sin embargo, las fuentes gubernamentales consultadas parecen inmunes, de momento, a estas presiones. Consideran que es imposible escapar de Ceuta, porque «se lo come todo» y que no tiene sentido quemar anuncios, que no van a tener ningún foco ni rentabilidad política. «Lo que toca ahora es resolver esto», aseguran. En todo caso, si las cuentas públicas acabaran vinculadas al acortamiento de la legislatura, los plazos están tasados y llevarían las urnas al primer trimestre de 2027.Lo que ya se ha confirmado es que el Gobierno volverá a incumplir la Constitución, porque el proyecto presupuestario no verá la luz antes de que acabe el mes de septiembre, como aparece recogido en la Carta Magna. Tentativamente, Sánchez aseguró que las Cuentas llegarían al Congreso a final de año, un horizonte temporal que también coincide con la previsión de «estabilización» que el Ejecutivo maneja para Ceuta. Sin embargo, en Moncloa también reconocen que estos plazos son orientativos y que el retorno de los inmigrantes se dilatará más allá de 2026 porque la burocracia es compleja y, sobre todo, porque se necesita la colaboración de Marruecos, que debe responder a los expedientes que se cursen desde España. Algo que todavía no ha hecho en los que se tramitaron tras la crisis de 2021.Más allá de Ceuta, otros cargos consultados por este diario ponen el foco en el plano judicial, que ha quedado opacado por la crisis migratoria pero que sigue siendo un foco importante de desestabilización para el Ejecutivo y el Partido Socialista. En este sentido, señalan que casos como el de la mujer del presidente o los que tienen que ver con las tramas de corrupción en torno al PSOE y al Gobierno pueden verse aceleradas en los próximos meses y que esto suponga, precisamente, un incentivo para seguir en el poder y controlar así ciertos resortes del Estado. De este modo, se garantizarían una protección especial o la instrumentalización del efecto movilizador de campañas como la de la persecución judicial en plena contienda electoral.