Un examen ‘light’ para que aprueben más aspirantes a inspector de Hacienda

Un nuevo frente ha venido a reactivar el incendio que desde hace varios meses afecta a uno de las instituciones esenciales del país: la Agencia Tributaria. Un borrador elaborado en Función Pública, que concreta su plan de rebajar el nivel de exigencia de la oposición de acceso al cuerpo superior de inspectores de hacienda en la convocatoria de este mismo año, ha vuelto a agitar el ya turbulento clima interno en esta institución, cuya plantilla ya ha tenido que lidiar en los últimos meses con la incertidumbre por la posible transferencia a la Agencia Tributaria de Cataluña de parte de su personal en el territorio, con el daño reputacional de la pasividad del organismo en una serie de casos de presunta corrupción en el entorno del Gobierno y también con el 'shock' interno que ha supuesto la salida en tropel de su anterior directora general y de otros tres altos directivos.El documento, que aún no tiene el estatus de propuesta en firme, esboza un aligeramiento sustancial de las pruebas actuales de acceso para enrolarse en las filas de este cuerpo de élite de la Administración del Estado. Según fuentes conocedoras del borrador, el planteamiento de Función Pública es reducir de cinco a cuatro las pruebas que tienen que superar los candidatos a convertirse en inspectores de Hacienda, eliminar nada menos que 30 materias del actual temario de alrededor de 190 que se tienen que preparar y abreviar a un solo examen de una hora de duración la exigente doble prueba oral de cerca de dos horas que hasta la fecha han tenido que superar todos los aspirantes a convertirse en inspectores de Hacienda. La propuesta no llega al límite general de tres pruebas como máximo, supresión de la prueba de inglés y una formación máxima de seis meses antes de incorporarse al puesto que Función Pública ha establecido como protocolo general de actuación para las convocatorias de empleo público de este año, pero supone un recorte importante.El objetivo es claro: incrementar la tasa de aprobados, que ha sido del 60% y del 70% en las dos últimas convocatorias, por la vía de rebajar el nivel de exigencia. El área de Función Pública lleva más de un lustro maniobrando para hacer más sencillas las pruebas de acceso a los cuerpos superiores de la Administración y más rápida su incorporación al puesto, y no ha encontrado mejor sistema que reducir el número de exámenes, diseñar temarios más ligeros y acortar o suprimir las temidas pruebas orales. Sus argumentos son variados. Por un lado, le mueve un enfoque práctico: la Administración del Estado tendrá que afrontar en los próximos años su particular gran relevo, el de una buena parte de los altos funcionarios cuyo perfil especialmente envejecido amenaza con dejar al Estado corto de directivos públicos. Hay también un enfoque técnico. Consideran que los cuerpos especializados como los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado o los técnicos comerciales son un reduco del pasado y que la Administración del siglo XXI exige perfiles más transversales, capaces de hacer cualquier tipo de función según las necesidades de cada momento. El conocido dentro de la Administración como 'Plan Mapelli', por su autora intelectual, la ex secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, para crear una prueba única de acceso y después cursos de especialización para asignar funcionarios a las funciones concretas que más se necesiten no ha terminado sin embargo de cuajar. UN CAMINO MÁS SENCILLO PARA SER INSPECTOR DE HACIENDA Una oposición más ligera Un borrador elaborado en Función Pública, que desde hace años persigue aligerar las pruebas de acceso para convertirse en inspector de Hacienda del Estado, plantea un recorte sustancial de la oposición actual, reduciendo de cinco a cuatro las pruebas que se exigen, reduciendo en 30 materias el temario actual y dejando en una hora el examen oral de casi dos horas que los candidatos deben superar para convertirse en inspectores fiscales. Entre la necesidad y el objetivo político El área de Función Pública del Gobierno cree que la dureza de las oposiciones a los cuerpos superiores actúa como barrera de entrada a los candidatos de menos recursos, que no pueden permitirse estar durante uno, dos o tres años preparando una oposición. Se han habilitado programas de becas pero se juzga que el método más rápido, y más barato, de hacerlo es plantear pruebas menos exigentes. Un asunto conflictivo La asociación profesional de Inspectores de Hacienda del Estado no esta sola en su oposición al plan de Función Pública. En la cúpula de la Agencia Tributaria no se termina de ver con buenos ojos la reforma de las pruebas de acceso al cuerpo de inspectores de hacienda e incluso asociaciones privadas de asesores fiscales han expresado sus reservas por la caída de nivel que puede traer consigo.Hay, además, un argumento radicalmente político. Entre los sucesivos responsables de Función Pública del Gobierno de Pedro Sánchez se ha asentado la impresión de que los cuerpos superiores de la Administración son una especie de coto cerrado, así se ha dicho de los jueces, y que hacer más sencillas las pruebas de acceso es el camino más sencillo y más económico para ampliar el rango social de los que acceden a esos puestos, como si los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los puestos de funcionario que consagran la Constitución y el Estatuto Básico de la Función Pública no constituyeran suficiente garantía.El último obstáculo a la reforma de las oposicionesLas pruebas de acceso al cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado son algo así como la última colina a conquistar en la ofensiva de Función Pública. La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la organización profesional que representa al 90% de este colectivo, ha sido la más activa desde el primero momento en su oposición frontal a los intentos del Gobierno por aligerar las oposiciones, bajo el argumento de que sería un paso irreversible que conduciría a un deterioro de servicios públicos clave para el buen funcionamiento de la Administración.«Siempre hemos defendido modernizar el proceso selectivo y hemos aportado propuestas que la Agencia Tributaria tiene encima de la mesa, pero no se puede confundir modernización con rebajar: sería un gravísimo error que pagaría el país entero», explica la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, en declaraciones a ABC. «El cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado es estratégico para España y seleccionarlo con prisas bajando el nivel es una irresponsabilidad. Un inspector mal preparado no es un problema interno: es un riesgo para la economía, para la seguridad jurídica y para la confianza en el sistema tributario», remacha.«Un inspector mal preparado no es un problema interno: es un riesgo para la economía, para la seguridad jurídica y para la confianza en el sistema fiscal» Ana de la Herrán Presidenta de Inspectores de HaciendaNo está sola en esta guerra. En la cúpula de la Agencia Tributaria, conformada mayoritariamente por inspectores de Hacienda, la idea de aligerar las pruebas de acceso para entrar a formar parte de este cuerpo superior no se ve con buenos ojos, según confirman varias fuentes que han ocupado puestos de relevancia en la institución consultadas por ABC. Solo así se entiende que mientras en estos últimos años Función Pública ha conseguido aligerar las oposiciones para buena parte de los cuerpos superiores de la Administración no lo haya conseguido en ese ámbito, como tampoco en el de los abogados del Estado o en el de los técnicos comerciales de la Administración.Incluso asociaciones profesionales de asesores fiscales se han pronunciado públicamente a favor de que se mantenga el listón de exigencia para convertirse en inspector de Hacienda. Su argumento es que tener al otro lado profesionales fiables y de alto nivel es fundamental para un adecuado funcionamiento del sistema tributario español.La oposición para ser inspector de Hacienda es una de las más exigentes de la Administración española. Hay que preparar nada menos que 190 temas de diferentes materias, que incluyen Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Economía, Matemáticas Financieras y Teoría de la Hacienda Pública, entre otras, además de acreditar un nivel B2 de inglés, francés o alemán. Consta de cinco pruebas. Una prueba escrita que se divide en un examen tipo test de 100 preguntas y otra prueba de desarrollo sobre economía general; una segunda prueba práctica sobre contabilidad; una tercera prueba escrita en la que hay que resolver un supuesto de un caso práctico de actuación tributaria, además de acreditar el nivel requerido de idiomas; y dos pruebas orales, una primera de una hora en la que hay que cantar durante 15 minutos cuatro temas al azar sobre Derecho Constitucional, Hacienda Pública y Sistema Financiero; y otra de 45 minutos de duración en la que los opositores deben desarrollar tres temas sobre Derecho Financiero y Tributario. La asociación de Inspectores de Hacienda estima que la preparación con éxito de la oposición suele exigir un plazo medio de tres años.