Puente quiere blindar a Renfe en la liberalización del Cercanías con más exigencias a las empresas privadas

El Ministerio de Transportes trata de blindar a Renfe ante la futura entrada de competidores en los servicios subvencionados por el Estado, conocidos oficialmente como Obligaciones de Servicio Público (OSP) , entre los que se incluyen los Cercanías, Media Distancia y Avant. El proyecto de real decreto que modifica el reglamento del sector ferroviario propone obligar a las empresas privadas interesadas en operar alguna de las líneas la exigencia de habilitar transporte alternativo en caso de interrupción del servicio, es decir, de ofrecer autobuses u otros medios de transporte a los usuarios cuando la línea este cortada por obras o incidencias en las vías. Un requerimiento que dispararía los costes de los posibles licitadores.«La empresa ferroviaria que opere un servicio declarado como obligación de servicio público deberá, en caso de interrupción prevista del servicio ferroviario, proveer un servicio sustitutivo de transporte por carretera o alternativo de ferrocarril entre todas las estaciones en las que se vea interrumpido el servicio ferroviario y por el plazo que dure esta interrupción», reza el texto actualmente en fase de audiencia pública.La nueva propuesta de norma concreta además que se considerará interrupción de servicio a «aquella imposibilidad de prestar el servicio ferroviario por más de un día, cualquiera que sea la causa que lo provoque, excepto las causas de fuerza mayor o huelga». Y que este servicio sustitutivo cuando sea por carretera «deberá permitir el transporte de todos los viajeros que deseen realizar el desplazamiento entre las estaciones o núcleos de población afectados». La nueva exigencia llega cuando Renfe ha anunciado que volverá a la carga para crear una empresa de autobús a través de una sociedad mixta que compartirá con una empresa privada y que precisamente tiene el objetivo de cubrir los planes alternativos de transporte cuando hay alguna incidencia u obra en cualquier línea ferroviaria. Un anuncio que la empresa pública que lidera Álvaro Fernández Heredia hizo el martes pasado, un día antes del accidente de Urda , y que ha vuelto a levantar polémica entre las empresas del autobús que ya lograron impugnar el anterior concurso por los duros requisitos que solo podían cumplir las grandes firmas del sector en España.La CNMC lleva años instando a Transportes para que empiece a licitar las líneas subvencionadas por el EstadoLa disposición de Renfe de su propia flota de autobuses le daría además alas a la compañía a la hora de competir en las licitaciones de las OSP al contar ya con los recursos necesarios para cubrir las posibles interrupciones de las líneas.La competencia no se espera hasta 2033Con todo, la ansiada liberalización de las OSP -una exigencia europea-, que ha despertado el interés de varios operadores privados nacionales e internacionales, tendrá que esperar. Las primeras licitaciones estaban previstas de empezar a explotarse en el presente año, pero a finales de 2024 Transportes coló de tapadillo una adenda para modificar el contrato que el Estado tiene firmado con Renfe para las OSP y retrasar el comienzo de la apertura a la competencia a 2028 contra el criterio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que sigue insistiendo al departamento de Puente en que hay que empezar a licitar cuanto antes.De hecho, el último tirón de orejas al vallisoletano por parte del organismo que ahora preside Juan José Ganuza llegó hace tan solo unos meses, cuando le reclamó al antiguo departamento de Fomento acelerar la licitación del mayor número posible de obligaciones de servicio público (OSP), ante la posibilidad de que Renfe y el Estado acuerden prorrogar su convenio actual desde 2028 hasta 2033.El regulador incluso fue más allá y pidió que la liberalización de estos servicios se desarrolle con las máximas garantías de imparcialidad, considerando necesario que el Ministerio de Transportes mantenga una posición independiente y no tenga una relación directa con los operadores que concurran a las licitaciones. En otras palabras, el organismo entiende que, para garantizar la limpieza de los concursos, Renfe debe dejar de depender del ministerio, en línea con la independencia que también se pide desde la Comisión Europea.A diferencia de lo que ha ocurrido con la liberalización de la alta velocidad, donde rigen los acuerdos marco, en las futuras licitaciones de las OSP Renfe tendrá que competir directamente con otros operadores por hacerse con la explotación de las líneas. Y probablemente se encuentre con rivales ya conocidos. Porque una de las compañías privadas que ha mostrado mayor interés es la estatal francesa SNCF, que ya opera en España en el segmento de alta velocidad a través de su marca Ouigo.La ferroviaria gala participó incluso en la consulta pública que la CNMC lanzó a finales del año 2024 para recabar la opinión de los operadores y otros agentes del sector sobre el proceso. SNCF, la única empresa privada que se identificó en este trámite, fue también una de las más críticas con las condiciones planteadas para las futuras licitaciones. Entre sus propuestas, reclamó que se compensara con al menos un millón de euros a todos los licitadores, al considerar que «el coste de una respuesta a una licitación tradicional para un operador ferroviario es de unos tres millones de euros, en función del tamaño de la oferta de movilidad» que se licite.